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Familia de Juan Pablo Pernalete exige justicia a ocho años de su asesinato

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Este sábado se conmemoraron ocho años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, un joven venezolano de 20 años que perdió la vida durante una manifestación pacífica en Altamira, Caracas, en 2017.

A pesar del tiempo transcurrido, su familia y diversas organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo justicia y denunciando la impunidad en el caso.

Un joven ejemplar truncado por la violencia

Juan Pablo Pernalete era un estudiante universitario destacado y atleta de alta competencia, beneficiario de una beca deportiva en una reconocida universidad venezolana. Además, era conocido por su compromiso social, siendo proteccionista de animales y promotor de actividades deportivas en comunidades populares. Su dedicación lo llevó a enseñar baloncesto a niños de sectores vulnerables, combinando su pasión por el deporte con su deseo de contribuir al bienestar social.

Cómo fue asesinado

El 26 de abril de 2017, en el contexto de una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, Juan Pablo Pernalete falleció tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en el pecho, presuntamente por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La ONG Provea señaló que, aunque los responsables directos han sido identificados, no han sido llevados a juicio, perpetuando un clima de impunidad que afecta no solo a este caso, sino a muchos otros en el país.

A ocho años de su muerte, la familia de Juan Pablo y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la falta de avances significativos en el proceso judicial.

“Todo sigue igual, sin justicia y en completa impunidad”, expresó Provea en un comunicado reciente, reiterando la necesidad de que se haga justicia para honrar la memoria de Juan Pablo y garantizar que hechos similares no se repitan.

 

Vía El Impulso

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Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional

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Población respalda capital privado en sector eléctrico - Agencia Carabobeña de Noticias
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Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.

Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.

La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.

El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.

Población respalda capital privado en sector eléctrico

Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».

En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.

La realidad salarial

Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.

En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.

En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.

Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.

De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.

El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.

ACN/MAS/Banca y Negocios

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