Sucesos
Fundaredes presenta homicidios, enfrentamientos y desapariciones de enero
Índice de violencia se incrementó en la frontera en enero 2022; enfrentamientos, desapariciones y homicidios: más de 150, así lo dio a conocer Fundaredes, a través de la Curva de la Violencia; que monitorea el índice de criminalidad en los estados fronterizos: Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.
De acuerdo con el balance mensual de la organización, el estado Zulia es la primera entidad con mayor violencia generada por las bandas criminales organizadas; encargadas del robo, hurto, extorsión, homicidios, sicariatos, lanzagranadas, narcotráfico, secuestros o desapariciones de personas y femicidios; arroja la evidencia de 41 homicidios, 6 desaparecidos y 18 enfrentamientos.
Destaca que 26 de los casos de homicidios se presentaron en situaciones de enfrentamientos armados entre organismos de seguridad del Estado y delincuentes pertenecientes a bandas criminales; especialmente de extorsionadores y sicarios, que mantienen en zozobra a los vecinos de esa entidad, que han elevado su voz solicitando seguridad, sin obtener respuesta alguna.
Índice de violencia se incrementó en la frontera
En estos 31 días transcurridos, el índice de violencia se incrementó, y los ciudadanos que habitan los estados fronterizos no ven mejoras en las distintas situaciones de violencia; como amedrentamientos y azotes por parte de los grupos armados irregulares y las bandas delincuenciales, que han tomado estas entidades para sus actividades ilícitas y criminales.
Contrabando, narcotráfico, extorsión, secuestros, cobro de vacunas, entre otros delitos; así como también enfrentamientos entre grupos guerrilleros, son parte de las investigaciones de Fundaredes sobre estas zonas, que vulneran los derechos humanos de los habitantes de estos territorios.

Táchira, cuarto estado fronterizo más violento
El estado Táchira viene presentando situaciones de ilegalidad y violencia, sumada a la pobreza, migración, crisis económica, social y política, lo que hace que sus espacios sean más vulnerables; siendo este el estado que posee la frontera colombo-venezolana con más movimiento de personas; el Estado no mantiene las medidas de seguridad, vigilancia y resguardo de ciudadanos como corresponde.
En el mes de enero, la violencia y criminalidad ha sido imperante; la presencia de miembros de las guerrillas como el caso de disidentes de las FARC heridos en combate en el estado Apure y quienes se encontraban en suelo tachirense; lleva a que el conflicto armado entre el ELN y las FARC en el eje fronterizo de Apure y Arauca, también impacte en el estado Táchira.
Lo que posiciona al Táchira en el cuarto más violento, con siete casos de homicidios y diecisiete 17 desapariciones o secuestros.
En Falcón entidad con salida al Mar Caribe, para este mes está en el quinto lugar; con un registro de seis homicidios, una desaparición o secuestro y tres enfrentamientos armados.
Finalmente, en Amazonas la violencia y criminalidad continúan presentes; sin embargo, la libertad de información es coartada, y de esa forma se sigue vulnerando el derecho que tiene la población a estar informada, lo cual viola directamente los DDHH de estos ciudadanos.
Por ende, no se pudo conocer ningún caso de homicidio; desaparición o secuestro y de enfrentamientos armados en el estado Amazonas.

ACN/MAS/Fundaredes
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Sucesos
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa, «la tapa del frasco»
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa, la abogada conocida en redes sociales como «La Tapa del Frasco», enfrentará un proceso judicial tras ser presentada ante el Tribunal 6° de Control especializado en delitos de corrupción.
La medida responde a la controversia generada por la difusión de un video durante un procedimiento policial en el estado Carabobo, hecho que derivó en su inmediata aprehensión.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el Ministerio Público imputará a Ochoa por la presunta comisión de tres delitos: tráfico de influencias, valimiento de nombre y ultraje a funcionario público.
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa
La primera acusación se fundamenta en el supuesto uso de influencias políticas para intentar evadir la actuación de los uniformados, mientras que la segunda responde a la utilización indebida del nombre de una alta autoridad del Estado.
El cargo por ultraje a funcionario público se derivó de las faltas de respeto y descalificaciones expresadas contra los efectivos policiales durante el operativo. La situación cobró relevancia pública luego de que la abogada mencionara al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien posteriormente rechazó cualquier vínculo con la ciudadana, condenó su proceder y confirmó la actuación del sistema de justicia.
ACN/MAS/Alberto News
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