Internacional
Grupo de Lima pide a la CPI examinar informe ONU sobre Venezuela
La Canciller colombiana Claudia Bluma en nombre del Grupo de Lima insta a rechazar «la farsa electoral del 6D», y pide a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación a la administración de Nicolás Maduro; basada en el informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En ese contexto, solicita apresurar los trámites para juzgar a Maduro por eso delitos; que serían perpetrados por funcionarios de las fuerzas públicas en diferentes partes del país.
“Con esta Declaración, el Grupo de Lima ha dado un paso adelante para pedir que haya justicia; y se evite la impunidad frente a los graves crímenes denunciados por la Misión Independiente de la ONU”, agregó Blum.
Esa solicitud, se emitió durante la reunión virtual de los miembros del grupo; que se realizó este martes 13 de octubre. Vale recordar, que son 14 las naciones miembros, Argentina (aclaró que no firmó), Brasil, Canadá, Chile, Colombia; Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.
https://twitter.com/JulioBorges/status/1316082622091735040?s=20
Grupo de Lima pide a la CPI investigar a gobierno de Maduro
“Se condenan las sistemáticas violaciones de derechos humanos y los presuntos crímenes de lesa humanidad; documentados por la Misión Internacional Independiente de la ONU y se recomienda que el Informe sea materia del examen preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional”, se lee en parte del comunicado donde el Grupo de Lima pide al CPI investigar esos hechos en Venezuela.
Aunado a lo anterior, la canciller detalló que en medio de la reunión acordaron diversos puntos en relación a Venezuela; entre ellos el «rechazo contundente al proceso de elecciones en el país el 6 de diciembre; puesto que consideramos que no existen las garantía para llevar los comicios».
https://twitter.com/MarioJPenton/status/1316128475749769217?s=20
En ese sentido sobre que el Grupo de Lima pide a la CPI examinar con detenimiento el informe ONU; también agregaron que «Se expresa el fuerte rechazo a la persistencia del régimen».
«En celebrar elecciones parlamentarias sin garantías democráticas. Se hace un llamado a autoridades internacionales a investigar a fondo las relaciones del régimen ilegítimo; con el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción, y otras manifestaciones delictivas internacionales», señalaron en el documento.
De igual manera, continuaron repitiendo que es importante la cooperación internacional; en cuanto a la llegada de ciudadanos venezolanos a países de América del Sur.
Con información: ACN/Redes/Efecto Cocuyo/Foto: Cortesía
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Internacional
Al menos 23.000 migrantes expulsados de EEUU a terceros países
Al menos 23.000 migrantes expulsados de EEUU a terceros países al crear un esquema de externalización migratoria que involucra a al menos otros 35 Estados. denunciaron este lunes 28 de septiembre expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.
Los acuerdos firmados por países de todo el mundo “para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos” violan el principio de no devolución, agregaron los firmantes.
“Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos”, señalaron.
Entre los países implicados en este “esquema de externalización migratoria” que denuncian los expertos se encuentran naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Al menos 23.000 migrantes expulsados de EEUU a terceros países
Los expertos firmantes, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes Gehad Madi, conminaron a los países de la lista a suspender de inmediato estos acuerdos, así como a restablecer el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.
Según denunciaron, algunos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal seguida de una nueva expulsión a un tercer país, lo que en ocasiones implica presiones y amenazas a los migrantes para que soliciten regresar a su territorio de origen pese a los riesgos que ello podría implicar para su protección.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha buscado suscribir este tipo de acuerdos para acelerar el número de deportaciones, una de sus promesas electorales.
El gobierno de Trump pidió la semana pasada a la Corte Suprema estadounidense que le permita continuar deportando migrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen, después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva la decisión de un juez federal de Boston contra las deportaciones rápidas a terceras naciones.
ACN/MAS/El Nacional
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