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Gobierno calificó de distorsionado el informe de Michelle Bachelet

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Gobierno de Maduro en desacuerdo con informe de Michelle Bachelet. ACN
Foto: 24 Horas
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El gobierno de Nicolás Maduro, indicó que el informe sobre la situación de Venezuela presentado este jueves por la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; fue mostrado con una “visión distorsionada”.

Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores; el gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y pidió “corregir los errores” de la investigación.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de Venezuela; que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena», detalla parte de la misiva de la cancillería.

Cabe destacar que el informe fue elaborado en base a 558 entrevistas con víctimas y testigos de las “graves vulneraciones” de los derechos humanos en Venezuela y otros ocho países; de la reciente visita de Bachelet y de “otras fuentes”.

A través del informe, Bachelet solicitó al gobierno de Maduro de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica; recomendando medidas concretas para revertir esta “compleja situación de inmediato”.

https://twitter.com/CancilleriaVE/status/1146830223616462848

Violación contra el pueblo indígena

En otro contexto, el informe de Bachelet destaca la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; quienes han sido uno de los grupos más afectados por la crisis del país en los últimos años.

“La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco; ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, refiere el documento.

Asimismo, también resaltó que la práctica de la minería provoca graves daños ambientales y en la salud; como el incremento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales.  Con información: ACN/EN/EU/La Primicia

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Nacional

Maduro promulgó Ley Libertador Simón Bolívar para la Defensa y Soberanía

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Maduro promulgó Ley Libertador -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Nacionales
Foto: Cortesía
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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar para la Defensa de la Paz y la Soberanía de Venezuela, durante la Conferencia en Solidaridad con Palestina que se lleva a cabo hasta este 30 de noviembre en Caracas.

En este contexto, el Presidente señaló que ante la «ley basura», de la Cámara de Representantes de los EE. UU, que le declara la Guerra Económica a Venezuela, procedió a firmar la Ley que sí lleva, correctamente, el nombre del Libertador Simón Bolívar, que está establecida en contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela.

El primer mandatario reiteró que se trata de una Ley para hacer justicia y defender a Venezuela, ya que será un aporte para vencer todas las amenazas y bloqueos que le ha impuesto al país, el imperialismo norteamericano y sus Gobiernos satélites.

Por otra parte, acotó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también emitió su comunicación ante esta Ley, para continuar fortaleciendo y defendiendo la integridad territorial de Venezuela.

Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional y contempla inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes promuevan o estén implicados, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al gobierno y autoridades del Estado.

De qué trata la Ley Simón Bolívar aprobada por la AN

La «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, contiene en ella una inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos delitos, lo hará que aquellas personas sancionadas no podrán por optar a cargos públicos o de elección popular.

La ley ordena diversas penas de 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para aquellos que promuevan o estén implicadas de ciertas formas en las sanciones impuestas al país por el extranjero.

Tampoco podrán contribuir en contiendas electorales quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades. Para ellos se consideran penas idénticas de hasta 30 años.

Con información de ACN/NT

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