Internacional
García Luna, exjefe de seguridad de México, pagará 38 años de prisión por narcotráfico
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México es sentenciado en Estados Unidos a 460 meses de prisión, un poco más de 38 años, por sus nexos con el narcotráfico
En una audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, el juez Brian Cogan emitió la pena que puso fin a un proceso iniciado en 2019 contra el exfuncionario, que causó gran escándalo en México.
García Luna, hoy de 56 años, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue uno de los máximos responsables de la estrategia contra el narcotráfico. En un periodo conocido como de la «guerra contra el narco» que dejó más de 250.000 muertos en seis años.
Condenan a Genaro García Luna
Luego de más de seis años alejado de la función pública, lo detuvieron en 2019 en EE.UU., donde residía, acusado de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas.
Tras ser llevado a un juicio que duró cinco semanas, lo declararon culpable de todos los cargos. Además de la condena, el juez Cogan también emitió una multa de US$2 millones contra el exfuncionario. «Por ayudar durante una década al cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos», expresó.
El juicio a García Luna fue precedido por otro en el mismo tribunal, ante el mismo juez Cogan, contra Joaquín «el Chapo» Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en 2019.
Vinculos con cartel de Sinaloa
De ese proceso salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades de ese cartel cuando era secretario de Seguridad Pública.
Un exmiembro del cartel de Sinaloa declaró que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos US$6 millones en efectivo en 2005, 2006 y 2007.
Los fiscales alegaron que aceptó el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la Fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga. Así como, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
Cinco Cargos
Según la acusación, García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total, enfrentaba cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico. Uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
García Luna tuvo un rápido ascenso en los organismos de seguridad pública e inteligencia de México. En 1989 lo reclutaron como investigador del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación mexicana.
En sus primeros años en el Cisen se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México. Especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Sus conocidos de la época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes. Sobre todo empresarios que años después lo ayudaron en su carrera en el gobierno.
Del Cisen pasó a la Policía Federal Preventiva y de allí a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de 2006.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó la «guerra contra el narco» que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos en México.
Al término de la administración de Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida, en EE.UU. Allí residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019.
Con información de BBC
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Internacional
Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y turismo de parto
El presidente Donald Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y limitar el llamado turismo de parto, tras calificar de “muy desafortunada” una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que este año anuló su intento anterior de restringir ese derecho.
Trump firmó ayer jueves 6 de agosto decretos sobre el tema que, al parecer, endurecen principalmente leyes ya vigentes y restringen las excepciones reconocidas.
Se trata de un intento aparentemente más limitado que el de un decreto firmado por Trump el año pasado, con el cual buscaba eliminar de manera general el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema rechazó esa medida en junio con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
“Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval este jueves.
Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento…
Uno de los decretos firmados por Trump el miércoles está dirigido contra los “extranjeros enemigos”, los miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que cabildean o actúan en nombre de gobiernos extranjeros. Los hijos de personas pertenecientes a esos grupos no serían elegibles para recibir la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas inmigratorias del Gobierno.
El segundo decreto se centra en el llamado “turismo de parto”, un tema prioritario para quienes defienden políticas inmigratorias más restrictivas. La legislación estadounidense ya prohíbe obtener una visa “con el propósito principal de conseguir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en Estados Unidos”.
Miller describió el decreto como una prohibición del turismo de parto, aunque no está claro qué añadiría a lo que ya establece la legislación estadounidense. Axios fue el primer medio en informar sobre los decretos.
Corte Suprema incluyó una firme defensa
La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio incluyó una firme defensa de la ciudadanía por nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo. Los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país, determinó la corte, incluso si sus padres se encuentran en él de manera temporal o sin autorización legal.
Una mayoría de cinco jueces sostuvo que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza ese derecho. Varios jueces conservadores expresaron su desacuerdo y argumentaron que la decisión no impedía el tipo de turismo de parto que Trump había intentado frenar inicialmente.
Un sexto juez, Brett Kavanaugh, concluyó que el decreto inicial de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento estaba prohibido por la legislación federal, no por la Decimocuarta Enmienda.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.
La corte reconoce desde hace tiempo algunas excepciones a la regla y volvió a hacerlo en su trascendental decisión de este verano. Sin embargo, esas excepciones se limitan a los hijos de diplomáticos y de “enemigos” nacidos durante una “ocupación hostil”.
Interpretación
Aun así, varios integrantes del sector conservador de la corte afirmaron entonces que la decisión del 30 de junio permitiría el tipo de turismo de parto que preocupaba a Trump.
“La corte ha reinterpretado la Decimocuarta Enmienda para proteger un conjunto de derechos de su preferencia que el Congreso de la Reconstrucción nunca contempló y que no encuentra respaldo en el texto”, escribió el juez Clarence Thomas en su voto disidente. “Hoy, la corte vuelve a hacerlo al reconocer un derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos de todas las personas extranjeras que practican el turismo de parto y de los inmigrantes indocumentados”.
Solo otro integrante de la corte, el juez Neil Gorsuch, se sumó a esa opinión.
“Según la interpretación que hoy hace la corte, la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a prácticamente toda persona que nazca en este país, incluidos los hijos de las ‘turistas de parto’, mujeres que vienen aquí exclusivamente para dar a luz y luego regresan de inmediato a sus países”, escribió el juez Samuel Alito en un voto disidente individual.
ACN/MAS/CNN
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