Nacional
Dictan prohibición de salida de Nueva Esparta a dos funcionarios de la Alcaldía de Maneiro
Por considerar que se encuentran incursos en tres delitos penales, el Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Nueva Esparta, dictó prohibición expresa de salir de ese estado y del país a dos funcionarios de la Alcaldía de Maneiro.
La mencionada medida cautelar sustitutiva, dictada este 14 de agosto de 2023, indica que Justiniano Antonio Mata Ortiz y Eliennys de Jesús Bellorín Indriago, no podrán salir del estado Nueva Esparta y del país sin autorización del Tribunal Segundo de Control.
La instancia judicial, además, decidió, de acuerdo a lo establecido en los artículos 242, ordinales 3ero. y 4to. del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), un régimen de presentación periódica, ante la Oficina del Alguacilato, cada treinta (30) días.
Mata Ortiz ejerce el cargo de director de Desarrollo Urbano
Mientras que Bellorín Indriago se desempeña como Ingeniera jefa de Fiscalización e Inspección adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano de la mencionada alcaldía.
El tribunal encontró a los ciudadanos incursos en los delitos de Falsa Atestación o Declaración de Funcionario Público, Acto Arbitrario Agravado en Grado de continuidad y Acto arbitrario agravado en grado de complicidad necesaria, previstos en el Código Penal vigente y en la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.
El Oficio No. 2C-1128 está dirigido al director (a) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
La decisión está firmada por la Juez Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control, Neryalis del Valle Salazar.
El caso por el que dictan prohibición de salida a dos funcionarios de la Alcaldía de Maneiro
En abril 2023 se conoció, a través de varios medios de comunicación social, que el empresario Rómulo Soto, representante legal de la Constructora y Sistemas Internacionales Cosint, C.A. habia denunciado ante la fiscalía del Ministerio Público del estado Nueva Esparta a los ciudadanos Justiniano Mata y Eliennys de Jesús Bellorín.
Seguidamente, y luego de realizar una exhaustiva investigacion, el Ministerio Público procedió a imputar a ambos funcionarios por los delitos de Retraso u Omisión Agravada Intencional de Funciones, previsto en el artículo 69 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción.
De igual manera la fiscalía del estado Nueva Esparta imputó a los antes mencionados por el delito de Falsa Declaración de Funcionario Público, previsto en el artículo 74 de la ley Contra la Corrupción.
El expediente quedó identificado con el número MP-125505-2022.
En los folios se indica que la funcionaria Eliennys de Jesús Bellorín, de profesión ingeniero, es investigada por la presunta falsificación de informes técnicos a efectos de otorgar o negar la conformidad de uso de un local comercial propiedad de una víctima.
De acuerdo a la investigacion realizada por el Ministerio Público se determinó que Bellorín, actuando como ingeniera jefe de fiscalización elaboró y suscribió un informe técnico signado con el No. DDU-ITE-14-2020, de fecha 7 de diciembre de 2021, mediante el cual recomendó al director de la referida alcaldía, no otorgar la conformidad de uso solicitada por la víctima.
Pasados unos meses, exactamente en mayo de 2021, Bellorín, en franca contradicción, suscribió otro informe técnico mediante el cual recomendó a Mata Ortiz que efectivamente otorgara la conformidad de uso sobre uno de los locales comerciales propiedad de la víctima.
No obstante, Justiniano Antonio Mata Ortiz, valiéndose de su condición de director de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Maneiro, en el estado Nueva Esparta, ejecutó un segundo acto administrativo basado en el informe técnico del cual ya se hizo referencia.
Dicho acto no contó con la requerida inspección técnica previa y además se elaboró con falsos supuestos, de acuerdo a la nota de prensa enviada a esta redacción.
El empresario Rómulo Soto, al efectuar la denuncia, solicitó formalmente la prohibición de salida del país de los funcionarios antes mencionados. Hoy el tribunal que conoce la causa ha respondido afirmativamente a su solicitud.
Soto se encuentra a la espera del acto conclusivo y asegura que no descansará hasta obtener justicia en este caso que ha afectado su patrimonio empresarial.
Dato desconocido
En abril de 2023, la concejal Anara Millán, solicitó ante la Cámara Municipal de Maneiro, en el estado Nueva Esparta, que Justiniano Mata y Eliennys de Jesús Bellorín, imputados por hechos de corrupción, fueran separados de sus cargos.
La concejal, representante del partido oficialista, PSUV, consideró de suma gravedad que los antes mencionados siguieran ejerciendo sus cargos a pesar de estar siendo investigados e imputados por el Ministerio Público de la región insular.
“Ellos no pueden seguir allí como si nada ha pasado”, precisó Millán.
La edil envió comunicación escrita a la Contraloría Municipal del estado Nueva Esparta y a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional 2020, pero hasta la fecha se desconoce si la solicitud fue atendida y procesada por ello estima que los funcionarios aquí señalados aún siguen ejerciendo sus cargos.
Con información de nota de prensa
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Nacional
Trata de personas: Defensoría del Pueblo insta a verificar ofertas laborales y vigilar redes sociales
La Defensoría del Pueblo desplegó este jueves 30 de julio una jornada de concienciación u orientación con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, alcanzando 60 puntos del Área Metropolitana de Caracas y otros 13 estados de Venezuela.
Unos 200 funcionarios defensoriales sensibilizaron a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 37 municipios de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y la capital.
El operativo incluyó plazas, centros comerciales, campamentos transitorios, hospitales, terminales de pasajeros, pasos fronterizos y sedes de la administración pública.
Para la ejecución de estas actividades, las defensorías delegadas articularon esfuerzos con más de 90 organismos regionales y municipales, con foco en el centro-norte y las zonas fronterizas del país.
En la capital, más de 20 funcionarios brindaron atención en la Plaza Luis Brión de Chacaíto, la Plaza La Candelaria y las inmediaciones del terminal La Bandera, orientando a los transeúntes sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y los mecanismos de denuncia ante sospechas de trata.
Vulnerabilidad ante emergencias y canales digitales
La directora general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la institución, Emiselys Duarte, explicó que el contexto generado por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio incrementa la vulnerabilidad de la población.
Advirtió que la separación familiar, los desplazamientos y la reubicación temporal son factores que las redes criminales aprovechan para la captación.
“En medio de la desesperación, las personas pudieran tomar decisiones que no sean las más adecuadas”, señaló Duarte.
Por su parte, la defensora delegada especial para la Trata de Personas, Milet Muñoz, recordó que este delito no solo abarca la explotación sexual o laboral, sino también la mendicidad forzada.
Muñoz instó a madres, padres y representantes a supervisar la actividad de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, recomendó a quienes vayan a trasladarse verificar ofertas laborales o de alojamiento antes de aceptarlas.
“El derecho más valioso que tenemos es la libertad; es precisamente el primero que perdemos cuando nos convertimos en víctimas de trata de personas”, afirmó Muñoz.
Cobertura en estados fronterizos y regiones
En los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure, los equipos abordaron pasos binacionales y terminales terrestres para capacitar a ciudadanos, conductores y cuerpos de seguridad en la identificación de patrones de riesgo.
En Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, La Guaira y Barinas, las actividades se centraron en arterias viales y plazas principales; mientras que en Amazonas, Anzoátegui, Miranda y Monagas se dictaron talleres a funcionarios de Protección Civil, cuerpos policiales, alcaldías e instituciones educativas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La Defensoría del Pueblo recordó que mantiene habilitados sus canales de atención telefónica: la línea 08000-PUEBLO (08000-783256), operativa de lunes a domingo entre 8:30 a. m. y 10:00 p. m., y los números 0424-1384164 y 0424-1384168, disponibles las 24 horas.

Con información de nota de prensa
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