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SIP denuncia persecución policial a periodistas en Venezuela

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Fuerzas represiva a la caza de periodistas - noticiacn
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La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP denunció persecución a periodistas en Venezuela a las que llamó «fuerzas represivas a la caza de periodistas que cubren las noticias»; especialmente las relacionadas con protestas, la covid-19 y los servicios.

A esos periodistas, «los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares»; señala un informe preliminar presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la reunión.

En el mismo, señalan que, en Venezuela, «operan muchos medios» en línea que son independientes;  «regularmente», son «bloqueados por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas».

«A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas»; añaden.

Fuerzas represivas a la caza de periodistas venezolanos…

Fuerzas represivas a la caza de periodistas. Al respecto, mencionaron un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el que reportaron que, en el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro (2013-2018), desaparecieron 115 medios de comunicación.

En este sentido, subrayan que más del 60% de la población «se entera de alguna noticia a través del canal oficial» del Estado; «no hay medios independientes ni de televisión ni de radio».

«Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel»; agregan.

Sobre internet, advierten que «pasa por bloqueos discrecionales» o existe un «acceso muy limitado»; lo que llevó a Venezuela a ocupar «el último lugar» en calidad de conexión a internet en América Latina.

«La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del Gobierno), similar al modelo cubano»; apostillan.

Sede de El Nacional, tomada

A lo largo de este año, consideran que «el evento más destacado fue la toma de las instalaciones» del diario El Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado.

«Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares» por la difusión de una noticia; recuerdan.

La noticia, «que involucra a Cabello con actividades ilícitas», fue publicada inicialmente «en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal»; pero posteriormente «fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales».

«En virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces, el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo respalde»; sostienen.

Agradeciones a periodistas y medios

Fuerzas represivas a la caza de periodistas. Entre las «principales agresiones contra periodistas y medios», destacan que, el pasado 15 de abril, el SNTP denunció que funcionarios vinculados a la gobernación del estado Aragua hostigaron a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno y delegada voluntaria de ese sindicato «por una nota sobre la escasez de camas para pacientes con Covid-19».

El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado «estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa» en el municipio de Punto Fijo, del estado Falcón.

Ese mismo mes, en el estado Lara, las periodistas Naikarys Cordero y Eliagnis Mora, así como el fotógrafo Dani Sosa, del diario El Informador; «fueron amedrentados por presuntos funcionarios» de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía; «que no portaban uniformes» y les obligaron a borrar el material que habían grabado.

También a principios de octubre, «sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas; no resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono».

ACN/MAS/EFE

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Internacional

Keiko Fujimori ganó elecciones en Perú con 100% de conteo de actas

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Keiko Fujimori ganó elecciones - Agencia Carabobeña de Noticias
Keiko Fujimori
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Keiko Fujimori ganó elecciones en Perú, luego de conteo oficial de los votos de la segunda vuelta alcanzó el 100 % por una diferencia mínima sobre su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados difundidos este lunes 29 e junio por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fujimori obtuvo el 50,13 % de los votos válidos, mientras que Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,86 %. En total, Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez sumó 9.173.755 sufragios, lo que representa una diferencia de 49.641 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular, de acuerdo con el cómputo final de la ONPE.

Fujimori afirmó que el cierre del escrutinio marca el final de una etapa clave del proceso electoral y expresó expectativa por la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE”, señaló la candidata conservadora en un mensaje en su cuenta de X, en el que pidió además que el proceso avance “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”.

Keiko Fujimori ganó elecciones en Perú

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, añadió.

El equipo de prensa del candidato Roberto Sánchez dijo a CNN que, por el momento, no tenía un pronunciamiento sobre los resultados publicados por la ONPE y la victoria de Fujimori.

Antes de que concluyera el escrutinio, el líder izquierdista ya mantenía sus reclamos ante las autoridades electorales y había advertido que no reconocería el resultado, al considerar que la justicia electoral podría estar favoreciendo un “beneficio fraudulento” a su rival si no se atendían sus observaciones.

Su campaña sostiene que una resolución de la ONPE posterior a la primera vuelta modificó el procedimiento del conteo del voto en el exterior, lo que —según afirma— habría reducido los estándares de seguridad jurídica del proceso electoral del 7 de junio. El partido, sin embargo, no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.

El cierre del escrutinio llega más de veinte días después de la segunda vuelta electoral, que se realizó el 7 de junio. Con ello, se da paso a los procedimientos electorales establecidos por la legislación peruana para la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

ACN/MAS/CNN

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