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Tarek William Saab: 3.478 personas son acusadas por extorsión y secuestro

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Foto: Cortesía.
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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que durante su gestión; 3.478 personas han sido acusadas ante tribunales por su presunta vinculación con los delitos de extorsión y secuestro.

Así lo reveló el funcionario en declaraciones ofrecidas este miércoles desde la sede del Ministerio Público en Caracas: «Quiero destacar que dentro de esta cifra aparecen 559 funcionarios, entre ellos agentes de seguridad del Estado; de los cuales 372 se encuentran privados de libertad».

Saab indicó que «éste Ministerio Público no discrimina entre un ciudadano común y un funcionario que, investido de autoridad, mancilla su propia labor o institución, porque su función debería ser servir y proteger a la ciudadanía y termina atacándola. Contra ellos también debe ir todo el peso de la ley».

Adicionalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a hacer la respectiva denuncia cuando sean objeto de esta clase de delitos: «En todas las oficinas estamos prestos para investigar, atender y acompañar a las víctimas desde el principio hasta que exista condena. Esa es la labor que hace firme al sistema de justicia; que no haya impunidad», destacó.

Descongestión de estaciones policiales

El Fiscal General destacó los resultados de la mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel; para aligerar la presencia de personas detenidas en estaciones policiales.

«Se han realizado tres jornadas, una ayer en la Zona 7 de Boleíta (Caracas). Durante la semana pasada estuvimos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y seguiremos en la Guardia Nacional Bolivariana hasta llegar a las policías municipales y estadales, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales y humanizar el sistema penal venezolano», informó.

Represión en Chile

Tarek William Saab también condenó las acciones desmedidas del Gobierno de Chile para contener las protestas sociales ocurridas en esa nación durante los últimos días.

«Como defensor de derechos humanos doy mi solidaridad al pueblo de Chile, que hoy está siendo asediado; hostigado y asesinado por los pinochetistas de ayer y hoy. Nunca debemos olvidar que Sebastián Piñera es un pupilo de Augusto Pinochet; él mismo lo ha dicho públicamente», expresó el alto funcionario.

Además, calificó de dantesco el balance de estas acciones: «En cinco días de toque de queda criminal, que recuerdan a las peores épocas de las dictaduras del Cono Sur; hemos visto cinco mil detenidos, 17 asesinados y se habla ya de 121 desaparecidos».

El Fiscal General condenó la postura de la comunidad internacional y las instituciones en torno a esta problemática: «¿Dónde está la Organización de Estados Americanos siempre llamada a perseguir a Venezuela, sus autoridades, pueblo y promover sanciones?; ¿Dónde está Luis Almagro? Debería darles vergüenza que ocurriera esto en Chile y no hayan dicho nada».

Cuestionó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: «La señora Bachelet, que fue presidenta de esa nación, no dice nada; apenas un tibio mensaje sobre la actitud sátrapa de Sebastián Piñera, que emula a Lenín Moreno. También vimos en Ecuador la cifra de muertos que casi llegó a 10 porque quieren imponer a sangre y fuego un paquete neoliberal. Para esto no hay OEA, Grupo de Lima ni nada».

«Son muy prestos los medios internacionales y los organismos multilaterales para atacar a Venezuela, mentir, pero sobre estos hechos reales no dicen nada, callan y ocultan a las víctimas», sentenció Saab.

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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