La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció este jueves 23 de abril el fin de Ley de Amnistía, asegurando que los casos que quedaron fuera de esta medida deberán ser tramitados ahora a través del “Programa de Convivencia Democrática y Paz” y la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.

El cese de la normativa de amnistía marca la conclusión de un proceso que se inició el pasado 19 de febrero con el fin de pacificar el clima social. Rodríguez brindó un balance detallado sobre la aplicación de esta ley y resaltó el esfuerzo administrativo que realizaron los organismos del Estado para cumplir con cada una de las pautas establecidas.

Según las cifras oficiales que suministró el gobierno, se recibieron cerca de 12.000 solicitudes de personas interesadas en obtener este beneficio legal de excepción. Tras el análisis de cada legajo, un total de 8.616 beneficiados recuperaron la libertad plena, un hecho que la mandataria consideró un paso vital hacia la armonía política. Sin embargo, las cifras de las organizaciones de derechos humanos cuentan una historia muy distinta.

Fin de Ley de Amnistía

Fin de Ley de Amnistía. No obstante, la funcionaria aclaró que la finalización de este régimen legal no deja sin opciones a aquellos casos que la normativa excluyó de forma taxativa o que no entraron en sus alcances. Rodríguez explicó que el país cuenta actualmente con nuevos espacios de diálogo y una serie de mecanismos de reforma judicial que están diseñados para atender estos expedientes pendientes.

Tanto el programa de convivencia democrática y paz como la nueva comisión de consulta nacional funcionarán como los canales institucionales para que la población pueda elevar sus quejas y pedidos de revisión. El Ejecutivo busca que la transición legal sea ordenada y sin vacíos de poder ante los reclamos sociales.

Reforma judicial

Al mismo tiempo, la mandataria suscribió el decreto de creación para la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

El propósito central de esta nueva entidad técnica es la garantía total de un acceso a la justicia que sea equitativo y que no permita ningún tipo de discriminación hacia los ciudadanos.

En cuanto a la estructura de la Comisión para la Gran Consulta Nacional, la presidencia definió un perfil técnico y político de alto nivel. La jefa de Estado designó al fiscal general de la nación, Larry Devoe, para que desempeñe el rol de secretario en esta instancia de reforma.

El pedido de la mandataria fue taxativo: el equipo debe realizar un abordaje profundo del sistema con una sólida perspectiva en derechos humanos.

Esta directriz busca que el proceso penal en Venezuela se modernice y se ajuste a los tratados internacionales, con el fin de erradicar prácticas arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica de los habitantes en todo el territorio nacional.

Durante su intervención ante los medios y los funcionarios presentes, la presidenta Rodríguez calificó esta reforma integral como una deuda impostergable que el Estado mantiene con el pueblo venezolano.

En un tono firme, la mandataria solicitó a todos los actores que forman parte del sistema de justicia que trabajen de manera coordinada y que dejen de lado las internas burocráticas para priorizar el bienestar social.

Además, enfatizó la necesidad de corregir los vicios y desviaciones de poder que enturbian el accionar de los tribunales y que generan desconfianza en la opinión pública. Para Rodríguez, la reforma es el único camino para dar una respuesta real a los reclamos ciudadanos.

Foro Penal desmiente cifras

Por su parte, la ONG Foro Penal afirmó ayer miércoles 22 de abril que menos del 25% de las excarcelaciones producidas en el país, desde el pasado 8 de enero, son producto de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero por la Asamblea Nacional.

“De acuerdo a nuestros registros, sólo el 24,21% de las excarcelaciones desde el 8 de enero de 2026 han sido por amnistía”, expresó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, en un mensaje publicado en X.

Instó al gobierno a compartir un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía para verificar los datos recolectados por la oenegé.

Ese porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas por la organización desde el pasado 8 de enero, según una publicación de la oenegé también en X.

La ONG informó el pasado martes que contabiliza 473 presos políticos en el país, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

Otros datos documentados

Según sus registros, desde 2014 se han documentado 19.087 detenciones políticas en Venezuela, mientras que “más de 11 mil” personas se mantienen con medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la oenegé consideró arbitrarias.

Foro Penal denunció que la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, se ha convertido en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.

El diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma, aseguró este miércoles que 8.616 personas amnistiaron en Venezuela luego de que en febrero se aprobara una ley para tal fin.

A través de X, detalló que, del total de beneficiados, 8.302 tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 314 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este miércoles las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

ACN/MAS/Agencias

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