La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció este jueves 23 de abril el fin de Ley de Amnistía, asegurando que los casos que quedaron fuera de esta medida deberán ser tramitados ahora a través del “Programa de Convivencia Democrática y Paz” y la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
El cese de la normativa de amnistía marca la conclusión de un proceso que se inició el pasado 19 de febrero con el fin de pacificar el clima social. Rodríguez brindó un balance detallado sobre la aplicación de esta ley y resaltó el esfuerzo administrativo que realizaron los organismos del Estado para cumplir con cada una de las pautas establecidas.
Según las cifras oficiales que suministró el gobierno, se recibieron cerca de 12.000 solicitudes de personas interesadas en obtener este beneficio legal de excepción. Tras el análisis de cada legajo, un total de 8.616 beneficiados recuperaron la libertad plena, un hecho que la mandataria consideró un paso vital hacia la armonía política. Sin embargo, las cifras de las organizaciones de derechos humanos cuentan una historia muy distinta.
Fin de Ley de Amnistía
Fin de Ley de Amnistía. No obstante, la funcionaria aclaró que la finalización de este régimen legal no deja sin opciones a aquellos casos que la normativa excluyó de forma taxativa o que no entraron en sus alcances. Rodríguez explicó que el país cuenta actualmente con nuevos espacios de diálogo y una serie de mecanismos de reforma judicial que están diseñados para atender estos expedientes pendientes.
Tanto el programa de convivencia democrática y paz como la nueva comisión de consulta nacional funcionarán como los canales institucionales para que la población pueda elevar sus quejas y pedidos de revisión. El Ejecutivo busca que la transición legal sea ordenada y sin vacíos de poder ante los reclamos sociales.
Reforma judicial
Al mismo tiempo, la mandataria suscribió el decreto de creación para la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
El propósito central de esta nueva entidad técnica es la garantía total de un acceso a la justicia que sea equitativo y que no permita ningún tipo de discriminación hacia los ciudadanos.
En cuanto a la estructura de la Comisión para la Gran Consulta Nacional, la presidencia definió un perfil técnico y político de alto nivel. La jefa de Estado designó al fiscal general de la nación, Larry Devoe, para que desempeñe el rol de secretario en esta instancia de reforma.
El pedido de la mandataria fue taxativo: el equipo debe realizar un abordaje profundo del sistema con una sólida perspectiva en derechos humanos.
Esta directriz busca que el proceso penal en Venezuela se modernice y se ajuste a los tratados internacionales, con el fin de erradicar prácticas arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica de los habitantes en todo el territorio nacional.
Durante su intervención ante los medios y los funcionarios presentes, la presidenta Rodríguez calificó esta reforma integral como una deuda impostergable que el Estado mantiene con el pueblo venezolano.
En un tono firme, la mandataria solicitó a todos los actores que forman parte del sistema de justicia que trabajen de manera coordinada y que dejen de lado las internas burocráticas para priorizar el bienestar social.
Además, enfatizó la necesidad de corregir los vicios y desviaciones de poder que enturbian el accionar de los tribunales y que generan desconfianza en la opinión pública. Para Rodríguez, la reforma es el único camino para dar una respuesta real a los reclamos ciudadanos.
Foro Penal desmiente cifras
Por su parte, la ONG Foro Penal afirmó ayer miércoles 22 de abril que menos del 25% de las excarcelaciones producidas en el país, desde el pasado 8 de enero, son producto de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero por la Asamblea Nacional.
“De acuerdo a nuestros registros, sólo el 24,21% de las excarcelaciones desde el 8 de enero de 2026 han sido por amnistía”, expresó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, en un mensaje publicado en X.
Instó al gobierno a compartir un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía para verificar los datos recolectados por la oenegé.
Ese porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas por la organización desde el pasado 8 de enero, según una publicación de la oenegé también en X.
La ONG informó el pasado martes que contabiliza 473 presos políticos en el país, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.
Otros datos documentados
Según sus registros, desde 2014 se han documentado 19.087 detenciones políticas en Venezuela, mientras que “más de 11 mil” personas se mantienen con medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la oenegé consideró arbitrarias.
Foro Penal denunció que la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, se ha convertido en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.
El diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma, aseguró este miércoles que 8.616 personas amnistiaron en Venezuela luego de que en febrero se aprobara una ley para tal fin.
A través de X, detalló que, del total de beneficiados, 8.302 tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 314 estaban encarcelados.
Asimismo, indicó que hasta este miércoles las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez anunció nuevos acuerdos, tras cumplirse dos meses de los terremotos, se agravó la situación de los servicios públicos en Venezuela, por lo que afirmó que tienen un plan para mejorarlos de manera progresiva.
“El terremoto hizo más urgente una tarea en la que ya estábamos empeñados. En la electricidad, hemos suscrito acuerdos que nos permitirán incorporar nuevos megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, entre ellos el de la empresa argentina-americana IMSA”, aseguró encadena nacional.
Rodríguez también afirmó que trabajan en el área termoeléctrica, con el objetivo de “elevar” la capacidad disponible para atender la alta demanda generada por la emergencia climática y el crecimiento económico.
Delcy Rodríguez anunció nuevos acuerdos…
A pesar de la emergencia nacional, Rodríguez confirmó que la industria petrolera no detuvo sus trabajos, por lo que superó los 1.230.000 barriles por día, cifra que, según indicó, representa “su nivel más alto desde febrero de 2019”.
“Hemos suscrito 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas que incorporarán nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos en el país”, añadió.
La presidenta encargada también indicó que están reduciendo la brecha cambiaria en Venezuela, por lo que afirmó que en los últimos meses pasó de casi 30 % a 12,3 %.
Asimismo, dijo que están trabajando para “hacerle más fácil” la vida al ciudadano mediante la reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites. “En esa misma dirección, estamos trabajando en un sistema tributario más simple, digital, automatizado y transparente con respecto a los contribuyentes”, añadió.
Además, indicó que se encuentran regularizando sus relaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como con distintos países.
Balance de los trabajos por los terremotos
En cuanto al balance de los trabajos por los terremotos, la presidenta encargada afirmó que han retirado 28 % de los escombros de las zonas afectadas, lo que equivale a 580.000 toneladas.
“Es un trabajo que requiere coordinación y seguridad. Esos escombros no son simplemente materiales que hay que retirar; allí estuvieron hogares, recuerdos y, en algunos casos, la historia entera de una familia”, dijo.
Por otro lado, aseguró que han entregado 335 viviendas nuevas para beneficiar a 1.172 personas y recuperado otras 1.001, que benefician a 3.503 personas. Antes de finalizar 2026, Rodríguez prometió adjudicar 4.000 viviendas.
Con el plan Despeje Digno y Seguro, Rodríguez informó que están trabajando con organismos, técnicos internacionales y expertos locales.
