El Ejecutivo Nacional, decretó una prórroga de dos años de la inamovilidad laboral, hasta finales de 2022, para los trabajadores del sector público y privado. Así lo especificó la Gaceta Oficial, fechada del 31 de diciembre, mediante el Decreto No 4.414 en la publicación Extraordinaria número 6.611.

Extienden Inamovilidad laboral

El decreto de inamovilidad laboral, que impide a patronos de los sectores público y privado llevar a cabo despidos, desmejoras de beneficios y condiciones y trasladados «sin justa causa calificada previamente por el Inspector o la Inspectora del Trabajo de la jurisdicción». Se trata de una medida, puesta en marcha por primera vez en abril de 2002 por Hugo Chávez, que ha sido rechazada por el sector empresarial debido a que, aseguran dirigentes, fomenta el parasitismo laboral.

Asimismo, señala que la medida fue tomada «a fin de proteger el derecho al trabajo; como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz».

Esta medida establece que si un trabajador es despedido, sus beneficios y condiciones son desmejorados «sin justa causa» o es trasladado sin su consentimiento; «podrá interponer una denuncia dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida».

Quedan exentos de este decreto los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los que se encuentran en el área de trabajo de forma temporal y ocasional; de acuerdo con el artículo cinco del decreto. «La estabilidad de las funcionarias y funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin perjuicio de las demás disposiciones que le resulten aplicables».

La medida advierte que será sancionado el empresario o jefe que «obstaculice o desacate la orden de reenganche; y restitución de la situación jurídica infringida» de un trabajador «protegido» por este decreto.

ACN/ El Pitazo

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