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Expulsados por supuesta “traición” 116 militares

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Por supuesta “traición a la Patria” y “delitos de deserción”; 116 funcionarios militares de diferentes rangos fueron expulsados de la FANB, aunque el 23 de febrero, cuatro aprovecharon para pasar hacia Colombia, contando a los 567 miembros, cifra actual según Migración Colombia.

En Gaceta Extaordinaria N° 6.430 del 27 de febrero de 2019, se publicó el decreto de la presidencia N° 3.776; donde dice que se degrada y expulsa a 116 miembros de la FANB.

Degradar y expulsar

Establece en el artículo 1° Degradar y Expulsar Por los Delitos de Deserción y Traición a la Patria a los ciudadanos profesionales militares; quienes cumplían funciones como General de División, Coronel, Mayor, Teniente, Sargento, Sargento Primero, Segundo y más rangos.

Se les tilda el “ser indignos de pertenecer a la FANB y en resguardo de la vigencia y plena eficacia de la Constitución de la República; por haber quebrantado con su conducta los deberes, valores, principios y el decoro de la profesión que representan a la Institución Militar”.

Según las autoridades oficialistas, esta acción es una medida de “ejemplo” que garantiza el funcionamiento eficiente, empleo útil y moralidad de la FANB y; no como una pena que en todo caso debe ser consecuencia de un proceso penal.

Consecuencias en revolución

El artículo 2°, expresa la implicación necesaria de la pérdida del grado y condecoraciones nacionales; sin menoscabo de las acciones y consecuencias que se deriven del proceso correspondiente que conozcan las autoridades competentes.

Asimismo, en el artículo 3°, la medida tomada reconoce y respeta los derechos adquiridos; en materia de seguridad social, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular para la Defensa, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

ACN/EA/N24/CNN/VM/ Foto: EA/CNN

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Nacional

Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias
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El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.

“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.

En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.

González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias

El Informe Anual de Provea

Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).

Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.

“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.

Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.

ACN/MAS/EFE

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