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Entérate cómo eran las «exportaciones ficticias» entre Chávez, Correa y Saab

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Foto: Cortesía/Caraota Digital.
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En los últimos días, un asambleísta ecuatoriano hizo pública su investigación sobre las «exportaciones ficticias» entre Álex Saab, Rafael Correa y Hugo Chávez.

La información publicada estaría vinculada con «exportaciones ficticias» de material supuestamente destinado a la construcción de viviendas en Venezuela.

Esta investigación, es propocia debido a la reciente extradición de Álex Saab a Estados Unidos, la cual ha generado que aumenten otras relacionadas con sus numerosos tratos comerciales en el continente.

Vale mencionar, que debido a su cercanía con los altos mandos del chavismo, el empresario colombiano habría conseguido; formar parte en acuerdos millonarios durante años hasta su captura en Cabo Verde.

En este sentido, Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización y fundador del portal Periodismo de Investigación; reveló los vínculos mediante «exportaciones ficticias» entre Saab, Chávez y Correa.

Parte de esa trama detallada por Villavicencio, se cuentra la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), propiedad de Saab. Con ella junto a una filial en Ecuador, ha protagonizado grandes controversias por sus declaraciones de impuestos, no correspondientes a las aparentes exportaciones realizadas a Venezuela.

«Exportaciones ficticias» entre Saab, Correa y Chávez

De igual manera, vale recordar que en el 2013, la filial de Fonglocons en Ecuador comenzó a ser investigada por las autoridades financieras; debido a irregularidades en sus cuentas.

De hecho, en aquel año, la empresa declaró unos dos millones de dólares en impuestos, lo cual correspondería a un total de ventas por 44 millones de dólares; sin embargo ese mismo año esta filial informó sobre la exportación de material por 290 millones hacia Venezuela.

Respecto a ello, de acuerdo a Villavicencio, esto es «evidencia de que no declararon las exportaciones reales y que esa plata tuvo otro destino».

Por esa razón, las autoridades decomisaron USD 60 millones a Foglocons, según reseñó el portal de noticias Infobae. No obstante, en 2016 la jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó la liberación de los activos, volviendo al control de los directivos de esta compañía y sus asociados.

Sistema de Compensación Regional

Por otro lado, en el portal Periodismo de Investigación Villavicencio señala al Sistema de Compensación Regional (Sucre) como un mecanismo de lavado de dinero.

Es decir, en principio, éste sistema hace referencia a una moneda virtual diseñada para efectuar pagos internacionales; entre países del ALBA, los cuales son Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Sobre ello, El diario El Telégrafo publicó en 2015 que en un lapso de cinco años, entre 2010 y 2015 se registraron 5.455 operaciones en el sistema Sucre; por un valor de 2.549,6 millones de dólares.

Ahora, de ese total al menos un 94% correspondían a transferencias por exportaciones. Incluso, en el medio del asambleísta también señala el modus operandi de este mecanismo de lavado.

Textualmente se lee que «El dinero que entraba como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en Sucres multiplicando su valor en dólares. Luego esos Sucres eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares».

Se agrega en esa investigación, que después de esa conversión, «el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores; quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales».

Cin información: ACN/Caraota Digital/Foto: Cortesía

Lee también:¡Audiencia! Libertad bajo fianza fue negada a Álex Saab

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Política

María Beatriz Martínez ante tragedia por sismos: “Donde falta gobierno, sobra el pueblo”

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María Beatriz Martínez sismos
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La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, denunció que “quienes detentan el poder hoy son los únicos responsables de las terribles consecuencias dejadas por los terremotos del 24 de junio”.

Aseguró que las autoridades carecen de capacidad de respuesta debido al desmantelamiento del equipamiento físico y tecnológico de rescate por corrupción.

Martínez recordó que desde la tragedia de Vargas en 1999 los equipos de rescate trabajan “con las uñas” y subrayó la vulnerabilidad de los ciudadanos en las zonas afectadas, donde las réplicas mantienen en alerta a la población.

La dirigente detalló que Bomberos y Protección Civil no cuentan con herramientas básicas para enfrentar un desastre de esta magnitud, lo que atribuyó a la ausencia de políticas públicas de prevención y simulacros de formación ciudadana.

Solidaridad vecinal frente a la ausencia del Estado

La presidenta de Primero Justicia Táchira, Karim Vera, destacó la acción inmediata de la ciudadanía frente al colapso institucional. “Durante los dos primeros días de la tragedia fueron los propios venezolanos quienes con sus manos y sin protección alguna se abocaron a rescatar a sus familiares y vecinos debajo de las ruinas”, relató.

Vera cuestionó la inacción gubernamental en las horas más críticas y señaló que en La Guaira fueron los vecinos quienes removieron escombros sin equipos ni preparación técnica, arriesgando sus vidas para salvar otras. También denunció el colapso de infraestructuras civiles construidas en zonas de alto riesgo sin cumplir normas antisísmicas.

Trabas migratorias y prioridades distorsionadas

Martínez calificó de inaceptable la burocracia civil y militar en medio de la crisis, denunciando que bomberos de Medellín fueron retenidos por cinco horas en el aeropuerto esperando autorización de ingreso. “Cada minuto que pasa es una vida”, lamentó.

Por su parte, Edinson Ferrer, vicepresidente nacional de Organización de PJ, contrastó la movilización de recursos en años anteriores con la falta de coordinación actual.

Señaló que mientras se desplegaron cuerpos de seguridad para amedrentar, hoy no se organizan operativos para ayudar en La Guaira y se prohíbe la entrada de voluntarios sin permiso oficial.

Finalmente, Martínez y Vera advirtieron que, una vez superada la urgencia de salvar vidas, será necesario exigir responsabilidades políticas y legales. “Donde falta gobierno, sobra el pueblo”, concluyeron.

 

Nota de prensa

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