Internacional
España legaliza la eutanasia y el suicidio asistido
El Parlamento español aprobó una ley para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose a la reducida lista de países que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
La Ley de eutanasia en España es propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, dicha la ley entrará en vigor en tres meses, fue validada en el Congreso de los Diputados; con 202 votos a favor de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, 2 abstenciones y 141 votos en contra, principalmente de la derecha.
Séptimo país del mundo
Con la aprobación de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda; (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).
La norma prevé que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse «un sufrimiento intolerable». Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal; sea «capaz y consciente» al hacer la petición, que debe formular por escrito «sin presión externa» y repetir quince días más tarde.
¿Cómo se solicitará?
La proposición de ley busca que el proceso para solicitar la eutanasia sea breve, aunque garantista. El primer paso lo dará el paciente, que será quien tenga que solicitar por escrito que se active el procedimiento en dos ocasiones, separadas por 15 días la una de la otra. Hecho esto, en un máximo de 48 horas su médico tendrá que valorar si cumple los requisitos y facilitar al paciente; tanto verbalmente como por escrito, información sobre «su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos».
24 horas después de dicha conversación, el paciente deberá decir si mantiene o no su decisión de solicitar la eutanasia. Si fuera así, su caso pasaría a manos de un segundo médico, encargado de corroborar en un plazo máximo de diez días; que el enfermo cumple los requisitos para recibirla. Y, si ese facultativo diera su visto bueno, el caso se comunicaría a la Comisión de Evaluación y Control, que nombrará otras dos personas para que elaboren un informe; que servirá de guía al órgano para decidir si, finalmente, se ajusta a las condiciones necesarias para pedir la eutanasia.
¿Cómo se prestará la ayuda para morir?
Una vez se otorgue el consentimiento para llevar a cabo la eutanasia, será el propio paciente, en caso de que se encuentre consciente, quien decidirá cómo quiere recibir la ayuda para fallecer. Son dos las opciones; o bien la administración directa al enfermo de una sustancia para causar su muerte por parte del profesional sanitario, o bien la prescripción de dicha sustancia al paciente para que se la pueda administrar a sí mismo bien en el centro sanitario, o bien en su domicilio.
ACN/ 20 Minutos
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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