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El Esequibo sigue en manos de Guyana, 100 días después del referendo venezolano de anexión
El Esequibo sigue en manos de Guyana a 100 días del referendo venezolano de anexión, territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana, pese a las amenazas de Caracas, algunas paralizadas desde hace tiempo.
Luego de la consulta unilateral que promovió el chavismo, en la que casi la totalidad de participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito y la extracción de sus riquezas, que siguen manejadas por Georgetown.
Aunque Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le «pertenece», el Gobierno no ha puesto un pie en el territorio, mientras Guyana, que hace menos ruido en relación a la disputa, espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, pese al rechazo de Caracas a esta vía.
El Esequibo sigue en manos de Guyana a 100 días del referendo
100 días después del referendo, el Gobierno no habla del despliegue militar que ordenó el presidente Nicolás Maduro para una zona cercana al Esequibo, ni sobre el plan de entrega de nacionalidad a quienes viven en ese territorio, ni sobre las concesiones que debían emitirse «de inmediato» para explotar el petróleo en el lugar.
Tampoco hay una palabra sobre la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, que siguen trabajando sin problemas, ni sobre la polémica ‘Ley de Defensa de la Guayana Esequiba’, el marco con el que Venezuela prometió formalizar la anexión y cuya discusión quedó paralizada en el Parlamento el 9 de enero.
Las escasas declaraciones que brinda el Gobierno sobre el Esequibo giran en torno al «derecho» de Venezuela sobre el área y a la búsqueda de soluciones amistosas con Guyana, sin comentarios sobre todos los planes anunciados o el dinero gastado en esta operación.
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La ventana diplomática
Luego de la tensión y las preocupaciones de la comunidad internacional por la posibilidad de una escalada violenta, ambos países se encaminaron, a instancias de terceros, a una vía diplomática que empezó con una reunión entre Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, a mediados de diciembre.
Este encuentro, promovido por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, extinguió el fuego discursivo y dio paso a otras acciones que terminaron por enfriar el asunto, como la designación bilateral de embajadores y la reunión entre los cancilleres.
El 25 de enero, los jefes de la diplomacia de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, instalaron una comisión, en Brasil, para mantener un diálogo pacífico y sin amenazas sobre la disputa, con el compromiso de volverse a reunir en marzo, en una fecha que aún no se conoce.
En estas conversaciones, Caracas ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que establece la necesidad de buscar una solución a través de negociaciones directas, especialmente en las aguas que considera «pendientes por delimitar», en las que se hallan grandes reservas de hidrocarburos.
Más allá de las negociaciones, Maduro reiteró este mes que Venezuela no acatará ninguna decisión de la CIJ y que, sea cual sea su sentencia, Guyana se verá obligada a pactar con Caracas sobre el Esequibo, que representa dos tercios de su territorio.
La campaña presidencial
En la Venezuela que hace 100 días solo se hablaba del Esequibo, el tema se fue esfumando hasta llegar a marzo, cuando el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales terminó por enterrar el interés informativo sobre esta disputa, lo que deja las negociaciones entre Caracas y Georgetown prácticamente sin vigilancia.
Con el llamado a las urnas para el 28 de julio, queda la duda sobre el lugar que ocupará la controversia territorial, y todo el dinero gastado en el referendo del 3 de diciembre, en la campaña política, que arrancará formalmente el 4 de julio.
El presidente -que, según el partido gobernante PSUV, buscará una segunda reelección- aseguró que tiene un plan para «hacer tangible» la anexión, una promesa que, de concretarse, reactivaría la amenaza de conflicto bélico.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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