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El Esequibo sigue en manos de Guyana, 100 días después del referendo venezolano de anexión

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El Esequibo sigue en manos de Guyana a 100 días del referendo - Agencia Carabobeña de Noticias
Foto: EFE.
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El Esequibo sigue en manos de Guyana a 100 días del referendo venezolano de anexión, territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana, pese a las amenazas de Caracas, algunas paralizadas desde hace tiempo.

Luego de la consulta unilateral que promovió el chavismo, en la que casi la totalidad de participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito y la extracción de sus riquezas, que siguen manejadas por Georgetown.

Aunque Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le «pertenece», el Gobierno no ha puesto un pie en el territorio, mientras Guyana, que hace menos ruido en relación a la disputa, espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, pese al rechazo de Caracas a esta vía.

El Esequibo sigue en manos de Guyana a 100 días del referendo

100 días después del referendo, el Gobierno no habla del despliegue militar que ordenó el presidente Nicolás Maduro para una zona cercana al Esequibo, ni sobre el plan de entrega de nacionalidad a quienes viven en ese territorio, ni sobre las concesiones que debían emitirse «de inmediato» para explotar el petróleo en el lugar.

Tampoco hay una palabra sobre la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, que siguen trabajando sin problemas, ni sobre la polémica ‘Ley de Defensa de la Guayana Esequiba’, el marco con el que Venezuela prometió formalizar la anexión y cuya discusión quedó paralizada en el Parlamento el 9 de enero.

Las escasas declaraciones que brinda el Gobierno sobre el Esequibo giran en torno al «derecho» de Venezuela sobre el área y a la búsqueda de soluciones amistosas con Guyana, sin comentarios sobre todos los planes anunciados o el dinero gastado en esta operación.

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La ventana diplomática

Luego de la tensión y las preocupaciones de la comunidad internacional por la posibilidad de una escalada violenta, ambos países se encaminaron, a instancias de terceros, a una vía diplomática que empezó con una reunión entre Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, a mediados de diciembre.

Este encuentro, promovido por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, extinguió el fuego discursivo y dio paso a otras acciones que terminaron por enfriar el asunto, como la designación bilateral de embajadores y la reunión entre los cancilleres.

El 25 de enero, los jefes de la diplomacia de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, instalaron una comisión, en Brasil, para mantener un diálogo pacífico y sin amenazas sobre la disputa, con el compromiso de volverse a reunir en marzo, en una fecha que aún no se conoce.

En estas conversaciones, Caracas ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que establece la necesidad de buscar una solución a través de negociaciones directas, especialmente en las aguas que considera «pendientes por delimitar», en las que se hallan grandes reservas de hidrocarburos.

Más allá de las negociaciones, Maduro reiteró este mes que Venezuela no acatará ninguna decisión de la CIJ y que, sea cual sea su sentencia, Guyana se verá obligada a pactar con Caracas sobre el Esequibo, que representa dos tercios de su territorio.

La campaña presidencial

En la Venezuela que hace 100 días solo se hablaba del Esequibo, el tema se fue esfumando hasta llegar a marzo, cuando el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales terminó por enterrar el interés informativo sobre esta disputa, lo que deja las negociaciones entre Caracas y Georgetown prácticamente sin vigilancia.

Con el llamado a las urnas para el 28 de julio, queda la duda sobre el lugar que ocupará la controversia territorial, y todo el dinero gastado en el referendo del 3 de diciembre, en la campaña política, que arrancará formalmente el 4 de julio.

El presidente -que, según el partido gobernante PSUV, buscará una segunda reelección- aseguró que tiene un plan para «hacer tangible» la anexión, una promesa que, de concretarse, reactivaría la amenaza de conflicto bélico.

ACN/MAS/EFE

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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