Internacional
EE.UU. deportó a El Salvador a 17 personas más acusadas de pertenecer al Tren de Aragua
Este lunes el Gobierno de EE.UU. deportó a El Salvador a 17 personas más acusadas de pertenecer al Tren de Aragua.
La decisión ocurre luego de una medida similar a la ejecutada el pasado 15 de marzo. En ese entonces el gobierno de Donald Trump expulsó de forma sumaria a más de 200 venezolanos enviándolos al país centroamericano.
A través de un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la nueva deportación a El Salvador. La medida supone un desafío para para la Justicia federal estadounidense.
Como se recordará, un juez federal bloqueó la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros, la cual permite deportar a extranjeros sin vista previa. Esta legislación es invocada el Gobierno de Trump argumentando que el Tren de Aragua está invadiendo territorio estadounidense.
EE.UU. deportó a El Salvador a 17 personas más acusadas de pertenecer al Tren de Aragua: «operación exitosa»
Al confirmar la medida, el comunicado afirma que «anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluyendo asesinos y violadores». El comunicado suscrito por Rubio, no informa detalles sobre el operativo o identidades de los deportados.
Trump asegura que la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, está invadiendo su país, una afirmación que los expertos consideran errónea.
Con ese argumento, invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
La Administración Trump pidió al Supremo que le permita deportar ciudadanos venezolanos de manera sumaria, en un nuevo capítulo del enfrentamiento del presidente con el sistema de Justicia.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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