Internacional
EE. UU. incautó tercer buque petrolero frente a la costa venezolana
EE. UU. incautó tercer buque petrolero frente a la costa de Venezuela, este domingo 21 de diciembre. El operativo, confirmado por funcionarios norteamericanos a la agencia Reuters, es el segundo del fin de semana. Bloomberg informa que se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Washington.
Es el segundo barco apresado durante el fin de semana, después del que la Guardia Costera interceptó el sábado. Se trata además del tercero pocos días, y forma parte de una campaña inaugurada el 10 de diciembre con la espectacular confiscación de un buque de nombre Skipper. Todos estos movimientos militares suponen la última vuelta de tuerca a la presión que Washington viene ejerciendo desde hace meses sobre el chavismo.
La información de la confiscación de tercer barco la adelantaron las agencias Reuters y Bloomberg, citando fuentes anónimas.
EE. UU. incautó tercer buque petrolero venezolano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado esta semana un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados por Washington que intenten entrar o salir de Venezuela. Con ese anuncio, que dio método a una nueva herramienta de presión para forzar un cambio de régimen, el republicano despejó las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el petróleo venezolano como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Antes, venía justificándola únicamente como una guerra como el narcotráfico. Como parte de esa ofensiva, Estados Unidos ha asesinado sin juicio previo a un centenar de tripulantes de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
Los funcionarios estadounidenses citados anónimamente por Reuters no precisaron el lugar de la operación de este domingo; tampoco el nombre del barco.
La agencia Bloomberg informó que se trata del Bella 1, y que se dirigía a Venezuela a cargar. Se trata de un buque con bandera panameña, y formaba parte desde 2024 de la lista de los petroleros sancionados por Estados Unidos, según consta en los documentos oficiales de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC son sus siglas en inglés. Fue construido en 2002 y es propiedad de una empresa llamada Louis Marine Shipholding Enterprises. El Departamento del Tesoro lo sancionó por sus vínculos con Irán y por “haver participado en el transporte ilícito de petróleo y otras mercancías”, también para los hutíes, en Yemen.
El buque apresado el sábado se llama Centuries, pertenece a una empresa china y, según la información publicada por diversos medios, no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos. La Casa Blanca ha asegurado este domingo que sí estaba en esa lista.
Llamada «flota fantasma»
Desde que el ejército estadounidense, con las mañas de una película de acción, se apoderó la semana pasada frente a la costa venezolana del petrolero Skipper −ese sí, sancionado− un embargo de facto se ha impuesto sobre el comercio energético de Caracas.
Muchos de estos petroleros pertenecen a lo que se conoce como la “flota fantasma”, de la que Venezuela lleva sirviéndose, a la manera de Rusia e Irán, para eludir las severas sanciones impuestas por Washington a una de las principales vías de financiación del Gobierno de Maduro. Con esa armada de barcos obsoletos logra seguir suministrando crudo a sus clientes.
Pese a las amenazas de Trump de “bloqueo total”, los petroleros han seguido saliendo de Venezuela. Algunos de ellos, según se supo esta semana, lo han hecho escoltados por barcos militares.
El Gobierno de Nicolás Maduro declaró que piensa mantener sus compromisos de despachar unos 700.000 barriles diarios a China, su principal cliente. Pese a esa promesa, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente, según apunta Reuters, desde la incautación del Skipper, que navegaba con falsa bandera guyanesa y 1,9 millones barriles a bordo. La crisis en el Caribe ya ha tenido su impacto en un alza del precio del barril y en el desvío de buques que se dirigían a la zona.
ACN/MAS/El País
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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