Internacional
Ecuador logra encarcelar a Glas con amplio repudio internacional y México rompe relaciones (+ video)
Ecuador logra encarcelar a Glas a costa del amplio repudio por asaltar Embajada de México. El Gobierno del presidente Daniel Noboa, logró este sábado su objetivo de devolver a prisión a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, pero a costa de romper relaciones diplomáticas con México y Nicaragua y recibir una condena de la comunidad internacional casi unánime por haber invadido la Embajada mexicana para detenerlo, cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le había otorgado el asilo político.
Tras haber pasado toda la madrugada en la Unidad de Flagrancia de Quito, Glas lo trasladaron este sábado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.
Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
Ecuador logra encarcelar a Glas a costa del amplio repudio
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, luego de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.
Desde mitad de diciembre de 2023 se aloja en la Embajada de México en Quito para pedir asilo político al declararse como perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que le fue concedido el viernes.
El asilo a Glas. otorgado por México en el momento de mayor tensión en las relaciones con Ecuador, después de que el Gobierno de Noboa expulsara a la embajadora, Raquel Serur, como respuesta a unas declaraciones del presidente López Obrador que relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral de Noboa frente a la candidata correísta Luisa González.
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Ingreso a la fuerza a embajada
A las pocas horas la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada de México para detener a Glas, en un acto que el Gobierno mexicano calificó como una violación a su soberanía y al derecho internacional, por lo que rompió las relaciones diplomáticas con el país andino.
A finales de febrero la Cancillería ecuatoriana había pedido permiso a la embajadora de México para ingresar a la sede diplomática a detener a Glas, pero no obtuvo respuesta positiva.
Tanto el expresidente Rafael Correa (2007-2017) como su partido Revolución Ciudadana denunciaron que Glas fue presuntamente golpeado durante las horas que pasó detenido y responsabilizaron al Gobierno del presidente Daniel Noboa de cualquier afectación a la salud física y psicológica de Glas.
«El daño para la reputación del país es inmenso, creo que irreparable en el corto plazo», señaló en una entrevista por videoconferencia con EFE, donde señaló que es «técnicamente un secuestro en territorio extranjero» de una persona a la que se le había concedido asilo político.
Gobierno de Noboa veía riesgo de fuga
El Gobierno de Ecuador, que ya había anticipado que no daría el salvoconducto para que Glas saliera del país en caso de que le fuera otorgado el asilo, aseguró este sábado que conocía sobre el riesgo de fuga inminente del país de Glas, razón por lo que irrumpió por la fuerza en la Embajada.
Así lo manifestó la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una declaración de prensa en la que insistió en que su Gobierno agotó el diálogo con el Ejecutivo mexicano antes de ordenar la irrupción policial a la Embajada mexicana en Quito.
Se conocía de «un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia», por lo que la fuerza de seguridad ecuatoriana ha actuado para cumplir con una orden judicial de captura de Glas en un caso de malversación, agregó la canciller en su comparecencia que no aceptó preguntas de la prensa.
Sommerfeld insistió en la postura del Gobierno ecuatoriano de que «un delincuente no puede ser considerado un perseguido político», al considerar que eso desvirtúa la figura del asilo.
México rompe relaciones
La Embajada de México en Ecuador cerrará de forma indefinida y suspenderá los servicios consulares para más de 1.600 mexicanos y empresarios en la nación sudamericana, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, señaló en un comunicado que la comunidad mexicana y empresarial en Ecuador podrán recibir asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (Sirme), así como en embajadas de naciones cercanas como la de Chile, Colombia y Perú.
La Cancillería del Gobierno mexicano también precisó que será un grupo de 18 mexicanos, integrado por los diplomáticos mexicanos en Ecuador y sus familiares, quienes retornarán en un vuelo comercial respaldado por embajadas amigas.
“El grupo de 18 personas viajarán el domingo 7 de abril en un vuelo comercial de Ecuador a Ciudad de México”, indicó.
Además, la dependencia del Gobierno de México señaló que una gran cantidad de países amigos y aliados con la Embajada en Ecuador ofrecieron su apoyo para velar por la integridad de las personas mexicanas que regresan a México.
La OEA convoca reunión para abordar crisis
Las reacciones internacionales al ingreso a la fuerza en la Embajada de México en Quito comenzaron a encadenarse este sábado, encabezadas por la OEA, que en un comunicado condenó el hecho.
En un comunicado, la OEA expresó su rechazo a «cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo» la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la «obligación» que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
En ese contexto, la Secretaría General manifestó su «solidaridad con quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la embajada de México en Ecuador».
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgió al «diálogo» a México y Ecuador y anticipó que pedirá una reunión del Consejo Permanente del organismo para abordar las tensiones entre ambos países.
Más países rechazan ingreso a embajada
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la violación de la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, y exhortó a los dos aliados de Washington a «resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales».
También condenaron el hecho los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
UE condena la acción
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó este domingo la «violación» de la embajada mexicana en Quito y pidió respetar el derecho internacional diplomático tras el asalto del edificio por parte de policías ecuatorianos que este viernes detuvieron al exvicepresidente del país Jorge Glas.
«Condeno la violación de las instalaciones de la embajada de México en Quito, en claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961 (que rige las relaciones diplomáticas). Hago un llamado al respeto del derecho internacional diplomático», escribió Borrell en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X.
Guterres «alarmado»
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse «alarmado por la entrada a la fuerza» de agentes ecuatorianos el viernes en la Embajada de México en Quito, en una declaración emitida un día después de los hechos.
Guterres recordó que los edificios diplomáticos y su personal gozan «de un principio cardinal de inviolabilidad (que) debe ser respetado en todos los casos, de acuerdo con la legalidad internacional».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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