Internacional
Justicia de Ecuador reconoce desaparición de cuatro niños tras un operativo militar
Tras una fuerte presión por parte de los familiares de los cuatro niños desaparecidos en Ecuador tras un operativo militar, la jueza Tanya Loor aceptó un recurso de habeas corpus. El hecho de registró el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, y declaró como “desaparición forzada” este caso que ha conmocionado a Ecuador.
La jueza indicó que los 16 militares que participaron en la intervención que desencadenó la desaparición de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo no cumplieron con los protocolos establecidos ni solicitaron la cooperación de la Policía Nacional.
Durante la audiencia, el representante legal del Ministerio de Defensa, Leonardo Alvear, negó que exista una desaparición forzada en este caso y que los menores de entre 11 y 15 años no se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Agregó que tras el operativo militar los menores fueron liberados y no fueron ingresados a ninguna base militar.
Niños desparecidos en Ecuador
La Fiscalía enfatizó que no hay evidencia de que los menores estaban involucrados en un robo –como afirmó el Ministerio de Defensa– y que tras su detención, en todo caso, debieron entregaerlos para su custodia al Servicio Nacional de Adolescentes Infractores. Añadió que, de acuerdo a un video difundido públicamente por la Asamblea Nacional sobre la noche de la detención, pudieron observar que a los menores los coaccionaron para subir en contra de su voluntad a una patrulla.
La jueza Loor dictó medidas en las que pide una investigación para dar con el paradero de los menores, garantizar protocolos y la creación de una comisión de investigación, entre otras.
Los padres tienen fe de que regresarán
Tras la audiencia de habeas corpus, los padres de los chicos reaccionaron a la decisión de la jueza.
“Yo tengo la fe y la certeza que ellos van a regresar. La fe en Dios nunca se pierde y yo sé que papito Dios nos los va devolver”, dijo Ronny Medina, padre de Steven, uno de los menores desaparecidos en declaraciones al diario El Universo afuera de la unidad judicial donde se realizó la audiencia.
“Quiero a mis hijos con vida, que regresen pronto”, fue la reacción de Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael.
Más temprano, las Fuerzas Armadas informaron que pusieron bajo custodia a 16 integrantes de la Fuerza Aérea que son investigados por su posible relación con la desaparición de los cuatro menores.
Esta medida tiene el objetivo “de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga”, dijo el Ministerio.
La propia Fiscalía informó en su cuenta de X que solicitó a la Justicia una fecha para formular cargos contra los 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada.
Este hecho –que ha conmocionado al país y ha generado decenas de reacciones desde la sociedad civil, organismos de derechos humanos, instituciones y autoridades– ocurrió en medio de la declaratoria de conflicto interno armado decretada por el presidente Daniel Noboa en enero debido al aumento de la violencia en el país.
El lunes, la Asamblea de Ecuador recibió los testimonios de los padres de los menores desaparecidos, quienes expusieron su preocupación por lo ocurrido. La Asamblea resolvió iniciar un proceso de fiscalización en relación con este hecho.
Con información de: Infobae
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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