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Duque termina dialogo con ELN y con Bolsonaro advierten a Venezuela

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Duque advierte a Venezuela - acn
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El presidente de Colombia, Iván Duque, puso fin el viernes al moribundo proceso de paz con el ELN en Cuba; tras un coche bomba en Bogotá atribuido a esa guerrilla, y lanzó una velada advertencia a Venezuela, donde según el gobiernoM  se refugian líderes rebeldes. Mientras tanto,  el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,  pidió a Venezuela; que no «dé guarida» en su territorio a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN),

Al día siguiente del ataque que mató a 20 jóvenes estudiantes de una academia policial;  al igual que al presunto atacante, Duque se dirigió al país para anunciar la reactivación;  de las órdenes de captura contra los negociadores de paz de la organización armada.

«He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN;  que integraban la delegación de este grupo en Cuba;  y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país», afirmó.

Esto significa, agregó, «la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado; por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol» para su ubicación y captura.

De momento, la guerrilla no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra; ni sobre la decisión del mandatario, que cuando asumió el poder en agosto;  había dejado en suspenso los diálogos que sostenía su antecesor Juan Manuel Santos con el ELN; desde 2017, primero en Quito y luego en La Habana.

Según Duque, el gobierno redoblará la persecución a los guerrilleros;  y denunciará a «cualquier Estado que brinde respaldo o permita;  la presencia de miembros de este grupo en su territorio».

El mensaje supone en la práctica una notificación a Venezuela;  donde según autoridades colombianas se esconden líderes de la última guerrilla reconocida en Colombia; tras el pacto de paz de 2016, que desarmó y transformó en partido a las poderosas FARC.

Caracas y los rebeldes han negado esas versiones.

Entretanto, «agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba; y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio; y entregarlos a las autoridades policiales colombianas», expresó el gobernante.

– Sin evidencia –

Duque decidió romper el agonizante proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN);  –el quinto que fracasa en 55 años de alzamiento armado–;  tras culpar a los guevaristas del «despreciable ataque» del jueves.

El acto contra la escuela de cadetes fue cometido por un experto en explosivos de ese grupo;  identificado como José Aldemar Rojas, de 56 años; y quien pereció en el atentado, según el ministro de Defensa Guillermo Botero.

Simultáneamente, la fiscalía reiteró las denuncias de que líderes del ELN se refugian en Venezuela;  sumergida en una severa crisis económica y blanco de una fuerte presión; encabezada por Estados Unidos que busca la salida de Nicolás Maduro del poder.

Sin embargo, el gobierno colombiano dijo no tener evidencia; que involucre a funcionarios venezolanos en este hecho.

El influyente líder chavista Diosdado Cabello negó la implicación de Caracas y condenó el ataque;  «Los lacayos del imperialismo señalan a Venezuela;  no tenemos nada que ver en esa guerra», afirmó.

Conocido en las filas del grupo guevarista como «Mocho Kiko»;  por haber perdido la mano derecha en una detonación, Rojas era jefe de inteligencia;  de una estructura insurgente que opera en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Llevaba tres décadas en la organización.

– ¿Ataque suicida?

De nacionalidad colombiana, Rojas ingresó el jueves «de manera violenta» a la escuela a bordo de una camioneta cargada con 80 kilos de pentolita. El vehículo explotó frente a los dormitorios de mujeres de la principal escuela policial con él dentro.

«No existe hasta el momento (…) ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó», afirmó Botero.

Según el ministro, aunque «son muchas las hipótesis que se están barajando», el plan original consistiría en activar los explosivos a distancia mediante «dispositivo electrónico».

El estallido mató a 20 jóvenes entre 17 y 22 años. Entre los fallecidos hay una cadete ecuatoriana. También hubo 68 heridos, incluidos tres menores de edad. Nueve personas siguen hospitalizadas.

El ministro Botero aseguró que «Mocho Kiko» estuvo en Venezuela en 2011 enseñando manejo de explosivos a guerrilleros refugiados en ese país. Pero precisó que no tienen indicios de participación de funcionarios venezolanos en el atentado.

Este viernes la fiscalía anunció la captura en Bogotá de Ricardo Andrés Carvajal, quien «reconoció la autoría del atentado».

El ataque, calificado por Duque de «demencial acto terrorista», es el peor en Bogotá desde febrero de 2003, cuando las FARC detonaron un coche bomba en el club El Nogal. Treinta y seis personas murieron y decenas más sufrieron heridas.

– «Declaración de guerra» –

Con unos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo en ciudades, el ELN se alzó en armas en 1964 y es la última guerrilla reconocida en Colombia.

El mandatario había impuesto condiciones de diálogo que fueron rechazadas por la guerrilla: cese definitivo de «actividades criminales» como el secuestro y los ataques a la infraestructura petrolera.

Aun así, los rebeldes insistían a Duque en que retomara las conversaciones sin exigencias.

«El proceso estaba prácticamente acabado» y el ataque presuntamente perpetrado por el ELN «es una declaración de guerra», afirmó Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.

Bolsonaro pidió a Venezuela que no «dé guarida» al ELN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este viernes a Venezuela que no «dé guarida» en su territorio a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quien el gobierno de Colombia culpa del mortífero ataque con coche bomba de la víspera en una academia de policía en Bogotá.

«Nos gustaría que Venezuela no diera guarida, protección, a esos terroristas del ELN», declaró el mandatario en un breve mensaje grabado en video.

La fiscalía colombiana denunció que líderes del ELN se refugian en Venezuela

La fiscalía colombiana denunció que líderes del ELN se refugian en Venezuela, pero el gobierno del presidente Iván Duque dijo no tener evidencia que involucre a funcionarios venezolanos.

Bolsonaro, que pretende liderar a nivel regional la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, dijo además que llamó Duque para «solidarizarse» tras «el ataque terrorista» del ELN, la última guerrilla activa de ese país.

«Nos gustaría que ese grupo depusiera las armas y dejara en libertad a los incontables secuestrados que tiene en su poder», expresó el mandatario.

El atentando es un golpe casi mortal a los diálogos de paz que el gobierno y la guerrilla sostienen desde 2017 y que están en punto muerto desde agosto.

El ministro de Defensa colombiano Guillermo Botero aseguró el acto terrorista contra la escuela de cadetes, que mató a 20 estudiantes de entre 17 y 22 años de edad, fue cometido por un experto en explosivos del ELN, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años y quien pereció en el atentado.

Entre los fallecidos hay una cadete ecuatoriana. También hubo 68 heridos, incluidos tres menores de edad, según la policía. Nueve personas siguen hospitalizadas.

De momento, el ELN no se ha pronunciado sobre las acusaciones. El influyente líder chavista Diosdado Cabello negó la implicación de Caracas y condenó el ataque.

ACN/AFP/EFE

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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