Internacional
Detienen a seis extranjeros por el asesinato de Fernando Villavicencio
Las autoridades ecuatorianas han detenido a seis sujetos que estarían implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio, y aun cuando solo han dicho que son extranjeros, medios locales aseguran que serían colombianos. Uno ya había sido detenido hace meses y posteriormente liberado.
El ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, este jueves en declaraciones a la prensa en la Comandancia de la Policía, en Quito, Zapata identificó a los aprehendidos como Andrés M. José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R., «todos de nacionalidad extranjera».
Anotó que, tras el asesinato, «todos los ejes policiales se desplegaron para realizar técnicas investigativas, permitiendo ubicar varios domicilios en el sector de Conocoto y en el sur de la ciudad».
En los allanamientos encontraron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y un vehículo reportado como robado, «donde presuntamente se movilizaban los miembros de ese grupo delictivo», dijo.
A los detenidos los trasladaron hasta la unidad de Flagrancia con resguardo policial, para ponerlos a órdenes de las autoridades competentes.
«Dos de los ahora aprehendidos fueron plenamente identificados en la escena del delito, a través de técnicas de investigación», puntualizó Zapata.
Resguardo policial
El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, comentó que en el lugar del atentado «se encontraron alrededor de cien personas, resultando varios heridos, entre ellos tres servidores policiales» de su equipo de protección inmediata» de Villavicencio.
De acuerdo a Salinas, a los policías los trasladaron para varios centros médicos y «al momento su pronóstico es estable».
Explicó que la cápsula de seguridad que protegía a Villavicencio contaba con tres cercos de seguridad: un interno que conforma el equipo de seguridad inmediata, compuesto por cinco agentes policiales; un cerco intermedio de reacción, y uno externo, con dos patrulleros.
Salinas indicó que el vehículo blindado de propiedad del candidato «estuvo en un mitin político en Guayaquil», por lo cual no estaba disponible para su uso en Quito.
El comandante de Policía confirmó el deceso de uno de los sospechosos del atentado, quien tenía antecedentes penales y quien estuvo detenido en junio pasado por «tenencia y porte de armas».
Agregó que en la zona del atentado hallaron una granada, detonada luego por la Policía en una operación controlada, así como 61 casquillos de balas, de calibre 9 milímetros, y 3 casquillos de calibre 2-23.
«Crimen Político»
Zapata se sumó al pronunciamiento del jefe de Estado, el presidente Guillermo Lasso, quien catalogó al asesinato «como un crimen político con carácter terrorista, un intento de sabotaje a las próximas elecciones».
«La Policía Nacional del Ecuador ya tiene las primeras capturas de los presuntos autores materiales de este execrable hecho y empleará toda su capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de este crimen y los actores intelectuales», anotó.
Indicó que «por la información preliminar levantada se confirma que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada».
Comentó que audios y vídeos que circulan en redes sociales sólo generan «mayor terror, mayor incertidumbre y sobretodo» no respetan «el dolor de la familia y de un pueblo que hoy llora a Fernando Villavicencio».
Se refería a un vídeo, de origen desconocido, en el que aparecen hombres fuertemente armados, uno de los cuales asegura pertenecer al grupo criminal «Los Lobos», al que atribuyen el asesinato.
Así mismo, a otro en el que hombres con el rostro descubierto y vestidos de blanco desmienten a los del primer vídeo, cuyo portavoz dice que también pertenecen a la misma agrupación y desmienten la autoría del crimen.
Con información ACN/ EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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