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Detenciones de opositores marcan la campaña de cara a elecciones

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Detenciones de opositores marcan la campaña - Agencia Carabobeña de Noticias
Foto: EFE.
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Las detenciones de opositores marcan la campaña en Venezuela, donde las autoridades también han actuado con sanciones como cierres de negocios que atendieron a líderes antichavistas de gira política por el país. Retención de equipos de trabajo como motos, pequeñas embarcaciones o equipos de sonido, entre otros, cuando faltan 13 días para las elecciones presidenciales.

Las sanciones se argumentan con supuestas irregularidades de registros o retrasos en pagos de impuestos. Todos coincidiendo con aquellos negocios o personas que prestaron servicio al candidato de la mayor coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia. O a su mayor valedora, la líder antichavista María Corina Machado.

Este lunes, organizaciones no gubernamentales y miembros de la PUD alertaron sobre el incremento de la «persecución» política en el país, por la que responsabilizan al Gobierno. Mientras que el chavismo insiste, entre insultos, en endosarles a sus adversarios supuestos planes violentos.

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Detenciones de opositores marcan la campaña

La campaña, que empezó el 4 de julio y finalizará 3 días antes de las votaciones, ha dejado 71 personas detenidas de manera «arbitraria». Todas vinculadas con la candidatura de González Urrutia. Según un balance preliminar de la ONG Laboratorio de Paz.

Solo en las últimas 48 horas, la oposición y el Foro Penal, la organización que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, confirmaron 11 detenciones. Incluido el cantante Wily Álvarez, quien compuso una canción de campaña a la líder opositora María Corina Machado y a González Urrutia.

Llamado a la paz

Sin hacer mención a las detenciones, el candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, que se define como opositor, señaló en X que la «gran mayoría» de los venezolanos quiere que se dé un «cambio en paz» a través de las elecciones, en las que Nicolás Maduro buscará un tercer sexenio consecutivo.

Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) condenó que el Ejecutivo esté usando «mecanismos autoritarios y violentos para tratar de impedir que la ruta electoral se vaya desarrollando en sana paz y calma». Por lo que instó a «asumir que la salida» del conflicto político «va a ser pacífica».

Asimismo, la formación Primero Justicia denunció, en una nota de prensa, que la nación vive una «escalada de arbitrariedades» en medio de la campaña. Entre las que mencionó «el cierre de locales comerciales por parte del régimen», en alusión a los negocios sancionados por la agencia tributaria luego de atender a líderes de la PUD.

En vista de todo ello, el rector Juan Carlos Delpino, una de las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un llamado a mantener el clima pacífico y recordó que los arrestos arbitrarios «atentan contra el ejercicio de los derechos políticos».

ACN/MAS/EFE

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Política

Ocariz: A 33 días del sismo, la solidaridad no sustituye la responsabilidad del Estado

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Ocariz terremotos
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El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, cuestionó este lunes a la administración de Delcy Rodríguez por la falta de un plan público, detallado y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás entidades afectadas, a un mes y dos días del doblete sísmico registrado en la costa norte del país el pasado 24 de junio.

“¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia no hay claridad. Países que han vivido situaciones similares como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos presentan planes de reconstrucción a 10 años en las primeras tres semanas posteriores a un terremoto”, señaló Ocariz.

El vocero de la organización política sostuvo que el evento del 24 de junio marcó un antes y un después para la nación. Recordó que, según cifras oficiales, el saldo es de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

“Detrás de cada número hay una familia, la pérdida de un hijo, de un hogar. No es un problema de números”, precisó.

En este sentido, reconoció el valor, la tenacidad y la solidaridad de la respuesta ciudadana, pero remarcó los límites del voluntariado:

“Hemos visto una inmensa calidad humana, pero la solidaridad de los venezolanos no puede sustituir la responsabilidad del Estado”.

Frente a los anuncios oficiales que calificó de «generales», Ocariz exigió respuestas concretas sobre el destino de los damnificados y las edificaciones en riesgo. Respecto a la vivienda y refugios, preguntó dónde se construirán las nuevas casas, bajo qué criterios de asignación y cuánto tiempo permanecerán las familias en esos espacios.

Asimismo, sobre los 856 edificios afectados, cuestionó cuáles son seguros, cuáles se demolerán y quién asumirá el costo de las reparaciones.

En relación con el financiamiento, indagó a cuánto asciende el presupuesto real, al tiempo que señaló que el fondo de 340 millones de dólares del FMI es insuficiente frente a las estimaciones del Banco Mundial, que calculan los daños en más de 20.000 millones de dólares. “¿Quién pondrá esos recursos y qué organismo los manejará?”, agregó.

Para abordar la contingencia con transparencia, Ocariz presentó una propuesta estructurada en cinco ejes clave:

  • Registro público e informe técnico: un catastro abierto de inmuebles afectados y un estudio exhaustivo sobre las fallas de suelo en Vargas.

  • Cronograma público de reconstrucción en tres etapas:

    • Estabilización (0 a 6 meses): contempla limpieza de escombros, contención de zonas inestables y diseño técnico.

    • Reconstrucción (6 a 24 meses): edificación de viviendas, rehabilitación de escuelas y obras mayores de infraestructura.

    • Recuperación sostenible (2 a 5 años): prevé el desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y prevención permanente.

  • Fondo transparente: creación de un fondo de reconstrucción normado por ley.

  • Incorporación de la academia: participación de colegios profesionales, sociedad civil y universidades, a la par de las acciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

  • Atención integral: restablecimiento prioritario de servicios públicos, centros de salud y planteles educativos.

“Esto no es una postura política, es una visión de país. Médicos, bomberos, rescatistas y jóvenes han demostrado su disposición de colaborar. Nuestro compromiso es liderar y participar, pero el Estado debe actuar con claridad. Viene la etapa más difícil: reconstruir las viviendas, los servicios y, sobre todo, la confianza”, concluyó el dirigente.

 

Ocariz terremotos

 

Con información de nota de prensa

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