Este lunes, el parlamentario de la Asamblea Nacional (AN), Angel Medina denunció; que de acuerdo a activistas y dirigentes de la zona de Ikabarú en Bolívar, aún no han retirado los cuerpos de las personas asesinadas.

Tras 48 horas de la masacre en esta zona minera, incluso se desconoce el número real de fallecidos.

En este sentido, el diputado explicó que Ikabarú es una comunidad mixta indígena; ubicada en el sector pemón N° 7 del municipio Gran Sabana, estado Bolívar.

Es decir, a unos 80 kilómetros de Santa Elena de Uairén, «lo que no representa una distancia considerable que impida el traslado a tiempo de los cuerpos», enfatizó.

Diputado de la AN, Medina. Foto: Cortesía.

Denuncian irregularidades de suceso en Ikabarú

Sobre la deficiencia en acciones por parte de las autoridades, Medina cuestionó; «además, ahí estuvo presente el propio Justo Nogera (Gobernador del estado Bolívar), en la población de Ikabarú, entonces ¿cómo no hay un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional; que pueda sacar los cuerpos y llevarlos a un sitio seguro para que le hagan la autopsia de rigor?».

Ante este hecho lamentable, el político tildó la muerte de estas personas; como «un asesinato a las futuras generaciones de este país. Un ecocidio sin precedentes y bañado de sangre».

Asimismo, el diputado resaltó la importancia de la investigación de este caso; tomando en cuenta con qué armas fueron asesinados.

«Es importante que se hagan los procedimientos legales necesarios para poder establecer responsabilidades”, agregó.

Asesinato al azar

Es de recordar, que el viernes 22 de noviembre en horas de la noche; un grupo de hombres vestidos de negro llegó a Ikabarú, específicamente al frente de un negocio conocido en la zona y dispararon al azar contra los presentes.

Los mineros, estaban laborando en la mina, por lo que algunos pudieron escapar; pero varios de ellos resultaron heridos.

Otros fallecieron, incluyendo a Antonio Perera, un sargento de la Guardia Nacional (GN).

Por su parte, la ONG Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanos (Codehciu); exigió protección para las comunidades mineras y que se aclaren los hechos en Ikabarú.

De igual manera, Provea reclamó que sigue impune el asesinato de siete personas, pemones y no indígenas; a manos del Ejército y la GN desde el 22 y 23 de febrero del presente año.

ACN/El Impulso/Foto: Cortesía

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