El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, dijo en una entrevista AVN  que en una revisión efectuada en la Comandancia de la Policarabobo había detectado que este recinto estaban privados de libertad 254 personas.

Cabe recordar que en los calabozos de este cuerpo de seguridad murieron el pasado 28 de marzo, 68  ciudadanos presuntamente por un incendio, por lo que el Ministerio Público (MP) imputó  por este caso a José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo, y a los efectivos José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

Ruíz,  reconoció que existe hacinamiento en los centros policiales y manifestó que  estas  edificaciones  «no disponen de espacios adecuados porque no son centros de detención», por lo que no se garantizan derechos como la salud, la educación y el trabajo.

«A estos ciudadanos detenidos, no les han demostrado su culpabilidad y les han quitado el derecho al trabajo, al estudio, a la salud, es decir, se están dando situaciones anómalas», expresó.

El Defensor del Pueblo, dijo que es necesario que los tribunales actúen con celeridad con respecto a los detenidos en los calabozos policiales para que ordenen los juicios, otorguen medidas cautelares o dictaminen la plena libertad.

Según el funcionario, desde 2015 este organismo  trazó un plan de trabajo para solucionar el retardo procesal, en conjunto con el Poder Judicial, Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), cuerpos policiales estadales y municipales, Defensa Pública, Ministerio para la Salud, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Ministerio Público y Ministerio para Servicio Penitenciario.

En la evaluación, emprendida desde 2016, se ha verificado que el retardo procesal contribuye con el hacinamiento porque los procesos judiciales que deberían ser expeditos tardan meses y años en resolverse y los detenidos aguardan por su presentación ante la Fiscalía y los tribunales, para que se desarrolle el juicio y se dicte la sentencia correspondiente.

«Hemos detectado que al menos un 10% de las personas que permanecen en distintas comisarías policiales del país ya tienen sentencia firme, pero no han sido trasladadas a los centros penitenciarios por prácticas irregulares de algunos funcionarios policiales».

Ruíz, dijo que los policías no están capacitados para atender está población y que las competencias de los cuerpos de seguridad  se desvirtúan, razón por la cual  ideó un plan para acabar con el  hacinamiento en los calabozo de los cuerpos de seguridad.

MCO/ACN

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