Internacional
Corte Suprema de EEUU concedió una inmunidad parcial a Donald Trump en caso del asalto al Capitolio
La Corte Suprema extendió la demora en el caso penal contra Donald Trump por cargos de complot para anular las elecciones de 2020, lo que reduce la posibilidad de que Trump pueda ser juzgado antes de las elecciones de noviembre.
En un fallo histórico, los jueces dijeron este lunes 1 de julio por primera vez que los ex presidentes pueden ser protegidos del procesamiento por al menos parte de lo que hacen en la Oficina Oval. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces ordenaron a los tribunales inferiores que determinen exactamente cómo aplicar la decisión al caso de Trump.
El caso de inmunidad fue el último caso discutido, el 25 de abril.
Corte Suprema concedió inmunidad a Trump
En un fallo histórico de 6 a 3, los jueces devolvieron el caso de Trump al tribunal de primera instancia para determinar lo que queda de la acusación del fiscal especial Jack Smith contra Trump. El resultado significa una demora adicional antes de que Trump pueda enfrentar un juicio.
La decisión del tribunal en un segundo caso importante de Trump este período, junto con su fallo que rechaza los esfuerzos para excluirlo de la boleta electoral debido a sus acciones después de la elección de 2020, subraya el papel directo y posiblemente incómodo que los jueces están desempeñando en la elección de noviembre.
“Bajo nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial le da derecho a un expresidente a inmunidad absoluta de procesamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva”, escribió el presidente del Tribunal Supremo John Roberts para el tribunal. “Y tiene derecho al menos a inmunidad presunta de procesamiento por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad para los actos no oficiales”.
Roberts estuvo acompañado por los otros cinco jueces conservadores. Los tres jueces liberales discreparon.
“La decisión de hoy de otorgar inmunidad penal a los expresidentes reconfigura la institución de la presidencia. Es una burla al principio, fundamental para nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que ningún hombre está por encima de la ley”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en un mordaz disenso.
Sotomayor, quien leyó un resumen de su disenso en voz alta en la sala del tribunal, dijo que la protección brindada a los presidentes por la corte “es tan mala como suena y no tiene fundamento”.
Comentarios del fallo
Trump publicó en su red social poco después de que se publicara la decisión: “GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. ¡ORGULLOSO DE SER AMERICANO!”
La oficina de Smith se negó a hacer comentarios sobre el fallo.
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El fallo fue el último del mandato y se produjo más de dos meses después de que la corte escuchara los argumentos, mucho más lento que en otros casos épicos de la corte superior que involucraban a la presidencia, incluido el caso de las cintas de Watergate.
El ex presidente republicano ha negado haber hecho nada malo y ha dicho que este proceso y otros tres tienen motivaciones políticas para intentar evitar que regrese a la Casa Blanca.
En mayo, Trump se convirtió en el primer expresidente en ser condenado por un delito grave en un tribunal de Nueva York. Fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero para silenciar a una actriz porno que dice haber tenido relaciones sexuales con él durante las elecciones presidenciales de 2016, algo que él niega. Aún enfrenta otras tres acusaciones.
Smith lidera las dos investigaciones federales del expresidente, que han dado lugar a cargos penales. El caso de Washington se centra en los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 después de perder ante el demócrata Joe Biden. El caso en Florida gira en torno al mal manejo de documentos clasificados. El otro caso, en Georgia, también gira en torno a las acciones de Trump tras su derrota en 2020.
Si el juicio de Trump en Washington no se lleva a cabo antes de las elecciones de 2024 y no le dan otros cuatro años en la Casa Blanca, presumiblemente sería juzgado poco después.
Pero si gana, podría nombrar a un fiscal general que buscaría la desestimación de este caso y del otro proceso federal al que se enfrenta. También podría intentar indultarse a sí mismo si recupera la Casa Blanca. No pudo indultarse a sí mismo por la condena en el tribunal estatal de Nueva York.
La Corte Suprema que escuchó el caso incluyó a tres jueces designados por Trump – Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh – y dos jueces que optaron por no hacerse a un lado después de que se plantearan dudas sobre su imparcialidad.
La esposa del juez Clarence Thomas, Ginni, asistió al mitin cerca de la Casa Blanca donde Trump habló el 6 de enero de 2021, aunque no fue al Capitolio cuando una turba de partidarios de Trump lo atacó poco después. Tras las elecciones de 2020, calificó las mismas de “atraco” e intercambió mensajes con el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, instándolo a mantenerse firme con Trump mientras afirmaba falsamente que hubo un fraude electoral generalizado.
El juez Samuel Alito dijo que no había motivos para que se apartara de los casos tras los informes de The New York Times de que banderas similares a las que llevaban los alborotadores del 6 de enero ondeaban sobre sus casas en Virginia y en la costa de Nueva Jersey. Su esposa, Martha-Ann Alito, fue responsable de ondear tanto la bandera estadounidense invertida en enero de 2021 como la pancarta de “Apelación al cielo” en el verano de 2023, dijo en cartas a los legisladores demócratas en respuesta a sus demandas de recusación.
El juicio de Trump estaba programado para comenzar el 4 de marzo, pero eso fue antes de que solicitara demoras sancionadas por el tribunal y una revisión completa del asunto por parte del tribunal más alto del país.
Antes de que la Corte Suprema interviniera, un juez de primera instancia y un panel de apelaciones de tres jueces habían dictaminado por unanimidad que Trump puede ser procesado por acciones realizadas mientras estuvo en la Casa Blanca y en el período previo al 6 de enero.
Con información de ACN / infobae
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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