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CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra en Gaza

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CPI emitió orden de arresto contra Netanyahu - Agencia Carabobeña de Noticia - Agencia ACN - Noticias internacional
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La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves 21 de noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista.

La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y es probable que los aísle aún más y complique los esfuerzos para negociar un alto el fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Pero sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han muerto posteriormente en el conflicto.

CPI emitió orden de arresto contra Netanyahu

Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, como vergonzosa y antisemita. El presidente estadounidense, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse contra Hamás. Hamás también criticó la solicitud.

“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de emitir órdenes de captura contra Netanyahu y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado dos escritos legales desafiando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no le dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes de captura.

“Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el Fiscal”, escribió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, en X. Dijo que Israel se mantiene “firme en su compromiso con el estado de derecho y la justicia” y continuará protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.

La CPI es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades policiales nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro del tribunal. El país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman los grupos de derechos humanos.

A pesar de las órdenes de arresto, es poco probable que ninguno de los sospechosos comparezca ante los jueces de La Haya en un futuro próximo. El tribunal no cuenta con policías para hacer cumplir las órdenes de arresto, por lo que depende de la cooperación de sus estados miembros.

Con información de ACN / infobae

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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