COMUNICADO ÍNTEGRO

El Consejo Académico de la Universidad Metropolitana atendiendo su deber orientador ante la colectividad sobre los problemas nacionales, llama la atención sobre la convocatoria a elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral, para el día 6 de diciembre del presente año.

En un sistema democrático las elecciones tienen como función esencial el permitir la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos. La utilidad social y legitimidad política de un proceso electoral descansa en su realización dentro de condiciones libres de coacción, coerción o cohecho.

Existe una demanda generalizada en la sociedad venezolana de que sus ciudadanos expresen su voluntad soberanamente en tales condiciones, aquellas que históricamente caracterizaron nuestros comicios gracias a enormes sacrificios y luchas, pasadas y recientes. Condiciones que además están establecidas en nuestra normativa electoral vigente y, más aún, en nuestra constitución.

Coinciden en esta demanda muy diversos sectores sociales, organizaciones e individuos, de todo signo ideológico, aún si han
manifestado diferencias en torno a la participación de la ciudadanía en estos comicios.

No se trata meramente de una sensación apabullante de ventajismo electoral acumulado por años desde el partido de Estado, sino de la constatación de que las posibilidades de una expresión fidedigna de la voluntad ciudadana están enormemente restringidas por una serie de hechos agravantes en el pasado reciente, como son:

 La intervención judicial para el nombramiento de las autoridades electorales, por encima de la autoridad de la Asamblea Nacional, y por encima de cualquier acuerdo político con las fuerzas allí representadas;

 El uso de recursos del Estado (coerción, coacción y manipulación) con fines de propaganda electoral, vulneración del secreto del voto, presión indebida sobre el elector y los testigos no oficialistas, entre otros;

 Las restricciones a la libertad de expresión en medios de comunicación masiva;

 Las limitaciones a la participación política de la ciudadanía por medio de organizaciones políticas autónomas, a través de la inhabilitación no fundamentada sobre ciudadanos para su postulación; la invalidación de partidos políticos; la
intervención judicial sobre los órganos directivos de esas organizaciones;

 El manejo irregular del calendario electoral;

 La opacidad en las normas y mecanismos electorales;

 La ausencia de sectores no reconocidos de las fuerzas políticas no oficialistas, o de observadores imparciales, en la selección y fiscalización de las máquinas electorales y la selección de los miembros de mesa;

 La determinación irregular de las circunscripciones electorales y la asignación de curules;

 Y, más gravemente aún, la desatención a los estándares internacionales de votación en medio de las circunstancias de pandemia, cuyos riesgos han sido subestimados, y sobre cuya propagación real existe gran incertidumbre.

Cabe decir además que las circunstancias electorales forman parte de un contexto más amplio de violaciones a los Derechos Humanos de la población venezolana. Violaciones que han sido reiteradas y sistemáticas, tal como ilustra el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas.

Circunstancias menos graves que las presentes llevaron al no reconocimiento de la comunidad global de democracias del evento electoral presidencial de mayo de 2018.

De modo agravante, el deterioro de los servicios públicos básicos, las limitaciones de movilidad y el suministro insuficiente de combustible, han avanzado a niveles catastróficos, tras años de políticas públicas erradas. Esto, que en sí mismo perturba un evento electoral, ha sido aprovechado para instalar mecanismos de control que, junto con la carestía económica y la inseguridad alimentaria, profundizan el ventajismo oficial.

Coincidimos entonces con buena parte de la sociedad venezolana en el propósito de que se realicen en el país elecciones en condiciones que permitan la libre expresión de la ciudadanía. Convencidos que un simple cambio de fecha del proceso electoral sin una modificación sustancial del cuadro antes descrito no recuperará la confiabilidad y probidad
de la más importante de sus instituciones democráticas, es nuestro exhorto al poder del Estado la postergación del evento comicial convocado para tal fecha, para iniciar un proceso de replanteamiento de este contexto autoritario, en acuerdo con los distintos sectores políticos y sociales del país.

La sociedad venezolana exige condiciones para la elección libre, democrática y transparente tanto del Presidente de la República como de los diputados de la Asamblea Nacional.

El llamado que hace toda la ciudadanía, aspirando a un cambio pacífico de las circunstancias que hoy anulan sus libertades y amenazan su existencia, es que le sea devuelto el ejercicio de su soberanía a través del voto. Que el descontento que se siente
en el país pueda canalizarse con la expresión libre en los comicios, para así empezar a corregir las graves asimetrías de poder existentes, y abrir el camino del rescate de la legalidad, la libertad y la democracia en Venezuela.

En reunión ordinaria No. 537, Caracas, 1 de octubre de 2020.

Benjamín Scharifker
Rector

Mirian Rodríguez de Mezoa
Secretario General