Internacional
Colombia amplió la eutanasia a enfermedades no terminales
Este jueves la Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión judicial en la que amplió los casos en los que se puede solicitar la eutanasia o muerte asistida- legal en el país desde 1997, para enfermedades no terminales.
La sala plena de la Corte decidió, con seis votos favorables, permitir el derecho fundamental a morir dignamente de forma asistida médicamente a enfermos no terminales; “siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.
Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia; y uno de los pocos del mundo donde es legal.
Después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal.
Cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico.
Colombia amplió la eutanasia
Este nuevo fallo de la Corte, que modifica el “homicidio por piedad” del Código Penal y que antes incurría a penas de hasta 54 meses de prisión; anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal, y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho fundamental.
De esa forma, exhorta al Congreso a que legisle el “avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente; con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho”.
A pesar de que es legal desde 1997; no se comenzó a ejercer ese derecho hasta 2015, y los procedimientos aún enfrentan barreras.
Además, el Parlamento mantiene bloqueado desde hace años los proyectos de ley que buscan reglamentar la muerte digna.
Menos 100 procedimientos
El mes pasado, el debate sobre la eutanasia volvió a copar portadas en el país, después de que se conociera el caso de Yolanda Caparro; una educadora y activista de 71 años con esclerosis lateral amiotrófica que peleó durante más de un año para que le dieran el derecho a morir dignamente, después de que jueces y médicos se la negaran a pesar de los dolores que sufría porque consideraban que no estaba al borde de la muerte.
En el país tan solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020; según el Ministerio de Salud.
Cuenta los casos desde que se permitió el procedimiento.
18 años después de que en 1997 la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental.
La mayoría de estos procedimientos se realizaron en Bogotá o en el departamento de Antioquia.
Casi nueve de cada diez fueron a personas con diagnóstico relacionado con el cáncer.
Además, por cada cinco solicitudes que se realizan en el país, solo acaban practicadas dos, según los datos oficiales.
ACN/Núcleo Noticias
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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