Autoridades del Colegio de Abogados del estado Carabobo se pronunció referente al llamado de elecciones presidenciales previsto para este próximo 22 de abril. Aseguraron que la misma no fue convocada por el pueblo venezolano sino por el presidente de la República Nicolás Maduro.

Comunicado completo:

El Colegio de Abogados del Estado Carabobo, cumpliendo con nuestro deber consagrado en el artículo 33 de la Ley de Abogados de Venezuela, rechazamos el llamado a elecciones presidenciales formulado por la Asamblea Nacional Constituyente, y fijado por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril del presente año, por ser inconstitucional y violatoria de los principios democráticos del Estado de Derecho.

La inconstitucionalidad de la convocatoria deriva:

1.- De la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección no fue convocada por el pueblo, único depositario de la soberanía, sino por el Presidente de la República, quien no tenía competencia para ello, conforme se desprende de lo dispuesto en los artículos 347 y 348 de la Constitución Nacional.

2.- La elección de los miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente fue igualmente inconstitucional, pues se fijaron condiciones violatorias de los principios democráticos constitucionales, al establecer el Presidente de la República las bases comiciales bajo un método de selección sectorializado, parcial y excluyente.

3.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 347 de la Constitución Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente carece de competencia para desconocer el orden constitucional existente, debiendo limitarse a la redacción de un proyecto de Constitución cuya vigencia dependerá exclusivamente de la aprobación que el pueblo dé al proyecto.

4.- La convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas efectuada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y la fijación de fecha realizada por el Consejo Nacional Electoral, viola el período presidencial establecido en la Constitución, que es de seis años, así como la oportunidad de inicio del nuevo período presidencial que ha de producirse “el 10 de enero del primer año de su período constitucional”, de acuerdo a la letra expresa de los artículos 230 y 231 de la Constitución.