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Chile investiga vínculo entre Tarek El Aissami y uno de los prófugos del homicidio de Ronald Ojeda

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Chile investiga vínculo de un prófugo - Agencia Carabobeña de Noticia - Agencia ACN - Noticias internacional
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La investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno en Chile, cuyo cadáver fue encontrado bajo cemento el pasado viernes en un campamento irregular, sigue avanzando y arrojando nuevas pistas. Ahora se conoció que uno de los prófugos tendría vínculo con Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela y, en su momento, hombre fuerte del chavismo.

Este martes, uno de los objetivos de la indagatoria hizo hincapié en el posible móvil del delito luego de que saliera a la luz que uno de los prófugos, Walter Rodríguez Pérez, había trabajado para El Aissami. Según publicó El Mercurio, ahora ese dato tiene que ser confirmado por el Equipo Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía chilena junto con la Policía de Investigaciones de ese país (PDI).

Secuestrador

A comienzos de esta semana, se informó que Walter Rodríguez Pérez, quien sería uno de los líderes detrás de la operación que finalmente acabó con la vida de Ojeda, está señalado en calidad de encubridor del delito.

Aunque el fiscal Ángel Valencia señaló que las diligencias continúan en la más absoluta reserva, fue él mismo quien dijo que Rodríguez Pérez habría estado a cargo de la “vigilancia y traslado de Ojeda” a la comuna de Maipú, lugar donde efectivos policiales realizaron el hallazgo de su cuerpo.

El funcionario indicó que el sospechoso, de quien no se conoce aún su paradero, mantendría una “orden vigente de detención por su presunta participación en otros tres secuestros” en el país, uno de ellos relacionado con el hallazgo de “tres cuerpos en Curacaví en abril del año pasado”.

Chile investiga vínculo de un prófugo

Datos disponibles en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales precisan que Rodríguez Pérez trabajó durante casi dos meses en la oficina del ex vicepresidente de Venezuela en 2015, cuando este último era gobernador de Aragua.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía de Chile comenzó a investigar a partir de esta información para confirmarla, dado que podría ayudar a esclarecer el crimen.

Hasta el momento, el único detenido por el asesinato de Ojeda es un joven venezolano de 17 años, ingresado de forma irregular al país y vinculado al Tren de Aragua, quien este lunes fue formalizado por el secuestro del militar.

Para dar con el adolescente venezolano, los investigadores siguieron las rutas de los automóviles usados en el rapto, revisando las cámaras de seguridad públicas y de locales comerciales. En una cámara de una bomba de bencina, apareció por primera vez el rostro del joven que quedó en detención provisoria por 60 días, puesto que es menor de edad.

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Según la investigación de Chile, el sujeto “se trasladó hasta la comuna de Independencia permaneciendo allí conforme al análisis de su tráfico de llamadas, entre las 22:22 y las 23:44 horas. Seguidamente, a las 03:20 horas, concurrieron (él y su acompañante) hasta el sitio del suceso (…), prestando apoyo y cobertura para sacar a tres de los sujetos que se hicieron pasar por falsos policías, huyendo del lugar en compañía del otro automóvil, identificado como un Hyundai I10 (…) en el que subieron a la víctima y otras dos personas integrantes del grupo criminal”.

En total, tres vehículos fueron identificados en el caso: un Hyundai, un Chevrolet Sail y un Nissan Versa.

También se logró establecer que serían tres los autores directos del crimen, aunque otros delincuentes participaron en la preparación del ilícito y otros en el ocultamiento de Ojeda.

Las pesquisas permitieron determinar que al menos siete personas participaron de los hechos, con distintos grados de responsabilidad. Algunos de estos sujetos ya eran investigados por otros secuestros y delitos violentos.

Un informe de la PDI de Chile, apuntó a que “conforme al análisis de las cámaras de seguridad del sitio del suceso correspondiente al domicilio de la víctima, fue posible establecer la utilización de información privilegiada para hacer ingreso de manera expedita a la vivienda del afectado, toda vez que los ascensores no se encontraban a la vista desde el sector del hall, no existiendo dudas ni búsqueda al momento de dirigirse al departamento de la víctima”.

El mismo documento identificó como sospechosos a terceros que pudieron entregar esta información, ya que días antes del delito, el 12 de febrero, hicieron recorridos por el edificio donde vivía el uniformado, a modo de inspección y sin motivo.

Declaración del único detenido

“Nos dirigimos frente a un edificio en la comuna de Independencia, donde nos estacionamos a fumar marihuana cerca de las 23:30 horas, hasta la 1:00 aproximadamente”. Así comenzó la declaración que hizo este lunes el adolescente de 17 años imputado por el caso del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda Moreno.

Según un artículo publicado por El Mercurio, diario que tuvo acceso al testimonio, cerca de las 3:00 horas el único detenido hasta ahora en este caso vio llegar “un vehículo Nissan Versa color gris, con una luz azul, donde me percaté que venían cinco sujetos vestidos como miembros de la PDI suponiendo que iban a realizar algún allanamiento. Pasados unos tres minutos vi que estos supuestos policías venían con un sujeto que solo vestía con un bóxer, al cual acercaron al vehículo Versa”.

Detalló que fue entonces cuando uno de los delincuentes comenzó a grabar con su teléfono.

“Respecto a este hombre que traían estos supuestos policías —puntualiza— me percaté que lo acercaron hasta la vereda, fuera de la entrada al estacionamiento del edificio a la vez que el vehículo lo sacaron a la calle, situación que me pareció extraña ya que las personas vestidas de policía tomaron al sujeto en bóxer mostrándolo hacia el vehículo en el que se mantenía (el adolescente) junto a (nombre de su acompañante que se mantiene en reserva), lo que me hizo pensar que sabían que mi amigo los estaba grabando. Luego, lo suben al vehículo y se van”, relató.

Según prosigue su declaración, al poco rato el autor del video lo habría borrado. Tras los hechos, indica que decidieron llevarlo a su domicilio, pero que repentinamente su compañero hizo un giro “hacia la caletera de la autopista donde se encontró el vehículo Versa”. En ese el lugar, afirmó, volvió a ver a los “cinco sujetos vestidos como policías”. Luego llegó otro grupo de personas, pero “los cinco sujetos bajaron, subiendo tres al vehículo en el que estaba (el imputado) y dos junto a la víctima al otro vehículo”.

Cuando huían, escuchó a sus cómplices lamentarse y gritar preocupados por haber dejado huellas digitales en el Nissan Versa, “decían que habían llamado a su amigo para extraerlas, (…) su misión era solo grabar el hecho”.

Los vehículos, relata, tomaron distintos trayectos en medio de conversaciones para llamar a un tercero para “quemar el carro”, el Nissan Versa involucrado en el secuestro. Al parecer el automóvil tuvo un desperfecto mecánico y por eso tuvieron que abandonarlo.

Con información de ACN/infobae

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Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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