Internacional
Modificaciones al Decreto-Ley 36: CGIE busca proteger la ciudadanía de descendientes
El Consejo General de los Italianos en el Extranjero (CGIE) inició un debate global sobre los efectos del Decreto-Ley nº 36 «Disposiciones urgentes sobre la ciudadanía», que ha generado preocupación entre italianos e ítalo-descendientes.
La normativa ha provocado la suspensión de la transcripción de certificados de nacimiento en consulados, afectando a comunidades en distintas regiones del mundo.
Desde el viernes 28 de marzo, los Consejeros del CGIE y de los Comités de Italianos en el Extranjero (COM.It.Es.) han dialogado con representantes comunitarios para evaluar el impacto de la medida y buscar soluciones.
La organización considera necesaria una reforma de la legislación sobre ciudadanía y había priorizado su discusión para el primer semestre de 2025.
Sin embargo, la situación actual ha acelerado el proceso, en el que el CGIE participará activamente, proporcionando los dictámenes obligatorios establecidos por la ley.
El lunes 31 de marzo, el Comité de Presidencia del CGIE se reunió en Roma con el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Giorgio Silli, y el director general para los Italianos en el Extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), Luigi Maria Vignali.
Además, se sostuvieron reuniones con las Comisiones de Asuntos Exteriores del Parlamento y con grupos parlamentarios para aclarar la situación y expresar inquietudes sobre la aplicación de la normativa.
El CGIE espera que, durante el proceso parlamentario de conversión en ley, se introduzcan modificaciones al decreto.
En particular, buscan resolver el requisito que exige que el ascendiente ciudadano italiano haya nacido en Italia o residido allí de manera continua durante al menos dos años antes del nacimiento del solicitante.
También preocupa la limitación de reconocimiento de ciudadanía a dos generaciones, lo que altera de manera significativa la normativa vigente.
Este cambio genera incertidumbre sobre la situación de los descendientes ya nacidos y podría afectar el vínculo del país con sus comunidades en el exterior.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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