Internacional
Modificaciones al Decreto-Ley 36: CGIE busca proteger la ciudadanía de descendientes

El Consejo General de los Italianos en el Extranjero (CGIE) inició un debate global sobre los efectos del Decreto-Ley nº 36 «Disposiciones urgentes sobre la ciudadanía», que ha generado preocupación entre italianos e ítalo-descendientes.
La normativa ha provocado la suspensión de la transcripción de certificados de nacimiento en consulados, afectando a comunidades en distintas regiones del mundo.
Desde el viernes 28 de marzo, los Consejeros del CGIE y de los Comités de Italianos en el Extranjero (COM.It.Es.) han dialogado con representantes comunitarios para evaluar el impacto de la medida y buscar soluciones.
La organización considera necesaria una reforma de la legislación sobre ciudadanía y había priorizado su discusión para el primer semestre de 2025.
Sin embargo, la situación actual ha acelerado el proceso, en el que el CGIE participará activamente, proporcionando los dictámenes obligatorios establecidos por la ley.
El lunes 31 de marzo, el Comité de Presidencia del CGIE se reunió en Roma con el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Giorgio Silli, y el director general para los Italianos en el Extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), Luigi Maria Vignali.
Además, se sostuvieron reuniones con las Comisiones de Asuntos Exteriores del Parlamento y con grupos parlamentarios para aclarar la situación y expresar inquietudes sobre la aplicación de la normativa.
El CGIE espera que, durante el proceso parlamentario de conversión en ley, se introduzcan modificaciones al decreto.
En particular, buscan resolver el requisito que exige que el ascendiente ciudadano italiano haya nacido en Italia o residido allí de manera continua durante al menos dos años antes del nacimiento del solicitante.
También preocupa la limitación de reconocimiento de ciudadanía a dos generaciones, lo que altera de manera significativa la normativa vigente.
Este cambio genera incertidumbre sobre la situación de los descendientes ya nacidos y podría afectar el vínculo del país con sus comunidades en el exterior.
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Internacional
Denuncian torturas a migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

Los 252 migrantes venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump y detenidos desde hace dos meses en El Salvador son víctimas de torturas físicas y morales, denunciaron este viernes sus abogados defensores, contratados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde el 16 de marzo, los migrantes están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para pandilleros, sin acceso a visitas, sin proceso judicial y sin confirmación oficial de su identidad o estado de salud.
“Los están tratando como vulgares delincuentes. Los han rapado, encadenado y disfrazado. Eso es tortura”, declaró el abogado Salvador Ríos en entrevista con la AFP.
Recurso presentado por abogados de los migrantes sin respuesta
El bufete Grupo Ortega, que representa a los migrantes, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador el 24 de marzo para exigir su liberación. La solicitud, que incluye a 30 casos específicos y se extiende al resto, no ha recibido respuesta hasta ahora.
Además, los abogados entregaron una carta formal al presidente Bukele pidiendo autorización para entrevistarse con los detenidos —presencial o virtualmente— y obtener una “prueba de vida”. Tampoco hubo respuesta del Ejecutivo.
“Ha sido como luchar contra molinos de viento”, expresó Ríos. “No hay proceso, no hay contacto, no hay nombres. Es detención ilegal”, agregó Isael Guerrero, otro de los abogados del caso.
Deportados como enemigos extranjeros
Los migrantes venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma usada en contextos bélicos, y vinculados sin pruebas por el expresidente Trump con el Tren de Aragua, una organización criminal.
Sin embargo, ni uno solo de los detenidos tiene procesos judiciales activos en EE UU, y según el bufete defensor contratado por Maduro, todos son migrantes sin antecedentes penales.
“Trump los deportó sin debido proceso y Bukele los encarceló sin juicio”, sintetizó el abogado Jaime Ortega, jefe del equipo legal. El gobierno de Maduro calificó de cínica la propuesta del presidente Bukele de canjear a los 252 migrantes por presos políticos venezolanos, realizada en abril.
El caso también despertó alarma internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó “serias preocupaciones respecto a los derechos fundamentales” en juego tanto en EE.UU. como en El Salvador.
“Las familias sienten impotencia al ver cómo sus seres queridos han sido etiquetados como delincuentes o terroristas, sin proceso ni defensa”, señaló el organismo.
Casos de deportación errónea
Entre los detenidos hay errores reconocidos por el propio gobierno estadounidense. Uno de ellos, Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño con protección contra la deportación, fue enviado a la Cecot por equivocación. Otro, un venezolano identificado como Cristian, fue igualmente deportado pese a estar en situación regular. Ambos casos fueron apelados por jueces estadounidenses, sin lograr el retorno de los afectados.
Con información de: EC/EN
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