Convertir los calabozos en cárceles permanentes es la causa de la masacre en Acarigua, estado Portuguesa.  Así lo revela en un boletín informativo la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

Haber convertido los calabozos policiales en cárceles permanentes, es una de las principales causas de la masacre ocurrida en el Centro de Coordinación de la Policía Municipal José Antonio Páez, en Acarigua, Venezuela, dice el informe.

Para Una Ventana a la Libertad, organización no gubernamental, que desde hace 21 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad en las cárceles venezolanas; la masacre que ocurrió en el Centro de Coordinación de la Policía Municipal José Antonio Páez, ubicada en Campo Lindo estado Portuguesa, donde fallecieron 29 reclusos y, 26 heridos; entre estos siete reos y 19 funcionarios, es consecuencia de haber convertido a los calabozos policiales o Centros de Detención Preventiva (DCP) en cárceles permanentes.

Los reos deberían estar en los CDP por lapsos no mayores de 48 horas, pero sin embargo están allí de manera permanente; en casos hasta cinco años.

Según el Coordinador General de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, tienen varios años denunciando esta situación, sin que, hasta los momentos, ninguna de las autoridades que les competa, haya hecho nada por solucionar este problema que cada día tiende a agravarse más.

Más de 100 mil presos

“Tenemos un aproximado 100 mil presos en Venezuela, de los cuales, 55 mil están en alrededor de 500 Centros de Detención Preventiva, viviendo en condiciones infrahumanas; por lo que esta situación trágica vivida en Acarigua, estado Portuguesa, puede repetirse en cualquier comento, asevero el abogado Nieto Palma.

Recordó el Coordinador General de UVL, que el 28 de marzo del 2018 ocurrió un hecho similar en la sede de la Policía del estado Carabobo, con un saldo trágico de 69 reclusos fallecidos, donde solo hay cinco funcionarios de la policía estadal, detenidos.

Para Nieto Palma, el gran responsable de estos graves hechos es el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a través de sus funcionarios, dirigidos por la ministra María Iris Varela; quien se niegan a cumplir con lo que establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este Ministerio que les da la responsabilidad de velar por los derechos humanos y condiciones de vida de los privados de libertad en Venezuela, independientemente del lugar en que estén recluidos y su condición procesal.

Están bajo el control del Estado

Los privados de libertad en Venezuela están bajo la custodia del Estado y este debe garantizar su vida, como claramente lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El Coordinador General de Una Ventana a la Libertad solicitó al Fiscal General de la República, que realice las investigaciones pertinentes del caso y determinar las razones que produjo esta lamentable masacre, entre ellas quién ingresó las armas que estaban en poder de los reclusos.

También le pide al Defensor del Pueblo para que se una a esta solicitud de investigación de lo ocurrido.

Y por último, le exige al Ministerio para el Servicio Penitenciario a través de la jefa de esa cartera ministerial, María Iris Varela  le responda al país porque no está cumpliendo con su función de vigilar la situación de los privados de libertad en Venezuela, independientemente donde estén y su condición procesal como lo establece el ordenamiento jurídico venezolano.

ACN/ UVL

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