Internacional
Autoridades mexicanas deportaron a unos 40 venezolanos que protestaron
Las autoridades mexicanas deportaron a unos 40 migrantes venezolanos que el 14 de julio protestaron luego de que la justicia de ese país los detuvo por movilizarse por Chiapas sin el permiso correspondiente.
Según el medio En Frontera, a los venezolanos los enviaron en un vuelo especial hacia Venezuela este martes. por haber destrozado la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.
El gobierno de México, dijo el medio, no deporta a migrantes venezolanos, pero el daño que causaron fue mayor y no se pudo dejar pasar.
Se conoció que los migrantes protestaban por el retraso en la entrega de la Forma Migratoria Múltiple, con la que pueden tramitar una visa humanitaria y otros permisos que se generan en Tapachula, frontera con Guatemala, para transitar libremente por el país.
Deportaron a unos 40 venezolanos
El 13 de julio una nueva caravana de cerca de 200 migrantes venezolanos salió de las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración (INM), en la frontera sur de Méx Los migrantes caminaron al mediodía del miércoles bajo temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y un ardiente asfalto por el que pretendían caminar 50 kilómetros en unas 16 horas desde Tapachula hasta el municipio de Huixtla, en el mismo estado de Chiapas.
Ese grupo de personas, al igual que otras caravanas, procuraba llegar a la aduana de Huixtla, donde otros migrantes han tramitado Formas Migratorias Múltiples (FMM) que les permite transitar con libertad por 30 días en territorio nacional.
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detectado cerca de 1,4 millones de indocumentados en lo que va del año fiscal 2022, que se inició en octubre. ico, por la saturación que existe para tramitar permisos temporales.
ACN/ El Nacional
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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