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Arrepentidos de negar la catástrofe del coronavirus

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Los negacionistas de la catástrofe

Líderes mundiales como Donald Trump (USA) Jair Bolsonaro (Brasil) Aleksander Lukashenko (Bielorrusia) Gurbanguly Berdimuhamedovn (Turkmenistán); y los bandazos que han dado Boris Johnson (Reino Unido) y Andrés Manuel López Obrador (México);   han tratado de minimizar la gravedad del impacto de la Covid-19, pese a los consejos de los científicos; pero los negacionistas de la catástrofe ahora se arrepienten. La devastadora propagación del virus les ha propinado un guantazo;  y los ha obligado a rectificar. “Los líderes que han sugerido que los expertos conspiran para engañar al público ponen en riesgo a la población”.

El Covid-19 castiga a quienes lo niegan

Hay líderes mundiales que se han resistido con más dureza a implantar acciones contundentes contra la Covid-19, en contra de las recomendaciones de la comunidad científica. Los casos más significativos son los de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, que llegaron a afirmar que el virus se esfumaría con el calor primaveral y que era poco más que una gripe sin importancia. Otros dirigentes, como el bielorruso Aleksander Lukashenko, siguen pensando que el coronavirus es una enfermedad que se combate practicando hockey sobre hielo (el deporte nacional de la exrepública soviética) y bebiendo vodka.



“Los líderes que han sugerido que los expertos conspiran para engañar al público ponen en riesgo a la población”, señala Celeste Kidd, psicóloga de la Universidad de Berkeley. “Cuando se habla de un jefe de Estado también se considera que es alguien que tiene acceso privilegiado a expertos y datos, por lo que se supone que está utilizando una mejor información”, añade.

“Los discursos negacionistas perjudican a la gente”, coincide en resaltar Philipp Schmid, psicólogo del Centro de Investigación Empírica en Economía y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Erfurt. “Las discusiones públicas y las declaraciones de los políticos son altamente persuasivas en la medida en que pueden cambiar las percepciones de riesgo, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos”, matiza Schmid, que resume que estas posturas pueden responder a intereses financieros o de exaltación de su propia imagen. “Las medidas para hacer frente a la propagación del virus perjudicarán a la economía y, por lo tanto, las personas que priorizan los intereses financieros tratarán de silenciar las voces científicas que los amenacen”, indica el psicólogo.

La banalización de la pandemia recuerda al negacionismo que existe en torno al cambio climático. “Si el distanciamiento social es visto como una medida propia de los políticos progresistas, va a ser un problema. Es muy importante que esto no quede atrapado en las mismas guerras ideológicas del cambio climático”, advierte Matthew Hornsey, de la Universidad de Queensland, en Australia, especializado en entender por qué hay quien rechaza los mensajes científicos.

La mayoría de los dirigentes ha ido reculando ante la inexorable realidad que explota en sus hospitales. Pero sus declaraciones les ponen en evidencia:

Donald Trump (EE UU)

“Parece que en abril, en teoría, cuando haga un poco más de calor, desaparecerá milagrosamente [el virus]”, declaró el presidente estadounidense el pasado 10 de febrero, cuando en Estados Unidos, con una población de 327 millones de personas, apenas había 12 casos confirmados y ninguna muerte. Insistió con su postura el 24 de febrero, con referencias a la economía: “El coronavirus está muy controlado en Estados Unidos. ¡La Bolsa comienza a estar muy bien!”, añadió. Después vaticinó: “Va a desaparecer. Un día, como si fuera un milagro, desaparecerá”.

En vídeo, unas declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, del pasado 24 de marzo: «No vamos a dejar que la cura sea peor que el problema». (VÍDEO: EPV)



Con el tiempo moduló su parecer y atacó a la oposición y a los medios de comunicación, a los que acusó de difundir noticias falsas sobre la expansión del virus, hasta que paulatinamente reconoció la gravedad y el 13 de marzo declaró la emergencia nacional. El desplome de las Bolsas y un estudio del Imperial College de Londres que preveía 2,2 millones de muertos en EE UU si no se tomaban medidas estuvieron, con seguridad, tras el cambio de actitud del presidente.

Dos días después de declarar el estado de alarma, con 3.499 casos confirmados y 63 muertes en un país en el que hay 29 millones de personas sin seguro médico, aseguró: “Es un virus muy contagioso. Es increíble”.

Aquel mes de abril en el que, según Trump, el calor alejaría al virus, ha llegado, y las previsiones de la Casa Blanca han cambiado radicalmente: ahora se calcula que virus matará a entre 100.000 y 240.000 personas en el país. “Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que se avecinan. Estamos atravesando semanas muy difíciles”, ha dicho esta semana.

Jair Bolsonaro (Brasil)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó al principio de forma tajante la gravedad de la pandemia y calificó las reacciones de “histeria” en un país habitado por 209 millones de personas. Entre sus frases más destacadas durante las últimas semanas: “Es apenas una pequeña gripe o resfriado”; “va a morir gente, lo siento, pero no podemos parar una fábrica de automóviles porque hay accidentes de tránsito”, o “el brasileño no se contagia, es capaz de bucear en una alcantarilla, salir y no pasa nada».

Ante la cifra de más 600 infectados, el pasado 20 de marzo, el Senado declaró al país en estado de calamidad pública. Los gobernadores de los Estados de manera gradual, desde mediados de marzo, recomendaron a la ciudadanía que se quedara en casa y ordenaron la prohibición de grandes aglomeraciones, el cierre de escuelas, los centros comerciales, los cines y los estadios. Unas acciones en línea con los consejos de distanciamiento social del ministro de Salud de Brasil, que comenzó a tomar protagonismo en la gestión de la crisis por encima de Bolsonaro que, pese a la evidencia, no comulgaba con estas premisas.

Hasta el pasado domingo, Bolsonaro, que defiende que la cuarentena se restrinja a los grupos de riesgo, se paseó por varios mercados y difundió que había que seguir trabajando. “La muerte está ahí, si Dios quiere. No te puedes quedar parado. Si no mueres de la enfermedad, mueres de hambre”, declaró el político entre comerciantes.

Pero hubo un giro horas después: hizo una declaración pública, e inédita, en la que reconoció que es “el mayor desafío» de su generación. En los dos últimos días, en su cuenta de Twitter, prácticamente solo difunde las acciones que realiza contra el virus como enviar equipamiento a los hospitales y distribuir test, aunque mantiene como prioritaria la actividad laboral y este jueves ha aprobado una renta básica para 60 millones de trabajadores informales durante tres meses. “¡Juntos, con coraje, serenidad y patriotismo, ganaremos la batalla contra esta epidemia y sus efectos! ¡Lucharemos con todas nuestras fuerzas para proteger a nuestra nación!”, publicó el pasado miércoles.



Aleksander Lukashenko (Bielorrusia)

Para el presidente de Bielorrusia, lo mejor contra el coronavirus es el hockey, beber vodka, tomar saunas y trabajar con un tractor en el campo. Lukashenko, al frente desde hace 26 años de un país con 9,5 millones de habitantes, ha calificado la respuesta a la pandemia como una “psicosis de Occidente”. Ha minimizado las medidas de distanciamiento social y asiste a multitudinarios partidos de hockey sobre hielo. “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”, ha declarado el dirigente, que ha mantenido la celebración de partidos de la liga de fútbol bielorrusa para expectación del resto del mundo.

En Bielorrusia hay muy pocos infectados respecto a otros países europeos, y Lukashenko mira asombrado lo que hacen sus vecinos, e incluso protestó cuando Rusia cerró la frontera. ”En esta vida todo es posible. Pero lo importante es no caer en el pánico”, decía el líder bielorruso el 24 de marzo. “Lo que más temo es que la gente enferme de psicosis, por lo que sucede en los medios de comunicación”. Los eventos deportivos siguen permitidos y las universidades continúan las clases.

Gurbanguly Berdimuhamedovn (Turkmenistán)

El Gobierno de Turkmenistán, que tiene frontera con Irán —uno de los primeros países en detectar infectados desde China—, ha desterrado la palabra coronavirus de la Administración y medios independientes denuncian que las autoridades ocultan la pandemia y detienen a quien hable de la crisis en público o lleve mascarilla.

LOS BANDAZOS DEL REINO UNIDO Y MÉXICO

Dirigentes como Boris Johnson, en el Reino Unido, y Andrés Manuel López Obrador, en México;  han sido noticia por sus bandazos a la hora de afrontar la crisis, pero no han negado su gravedad.

A principios de marzo, el primer ministro británico optó por evitar medidas drásticas;  con una estrategia que consistía en dejar que la población se fuera inmunizando; poco a poco a través de contagios controlados;  una medida que dividió a la comunidad científica y que ha terminado por abandonar ante la avalancha de casos; que incluso han recaído sobre él, siendo uno de los más de 29.000 contagiados del país.

De igual forma, al presidente de México le ha costado dimensionar los efectos de la enfermedad. Ha pasado el mes de marzo entre besos, abrazos y muestras de estampitas religiosas, y ha asegurado que el coronavirus no afectara a la economía de un país con 129 millones de habitantes, 52 millones de ellos viviendo en la pobreza. “Dirán que soy un soñador, pero quiero que los sueños se conviertan en realidad y tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a sufrir ni padecer. Quiero que nuestro pueblo sea feliz”, dijo el 16 de marzo, antes de que definitivamente se declarara la emergencia sanitaria el pasado martes.

ACN/Reuters/AFP/Ángeles Lucas/ElPáis

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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