Internacional
Argentina presentó denuncia ante la CPI por la detención del gendarme en Venezuela
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informó este jueves a través de un comunicado publicado en su página web que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la “detención arbitraria y la desaparición forzada” del gendarme Nahuel Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela.
La Cancillería de Argentina añadió que señala al fiscal general de Venezuela Tarek William Saab en el marco de este caso, por los delitos de detención arbitraria y desaparición forzada.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, respondió al comunicado con un mensaje en Telegram. Gil descalificó los señalamientos y los tachó de “espectáculo penoso”, y acusó al Gobierno del presidente Javier Milei de promover “una agenda de extrema derecha golpista y terrorista contra Venezuela”.
Para la Cancillería de Argentina, la detención de Gallo “constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.
“Plan terrorista”
El Gobierno venezolano ha justificado la detención del gendarme argentino argumentando que el suboficial es investigado por querer infiltrarse en el país y acusa al Gobierno de Javier Milei de llevar adelante un “plan terrorista”.
Sin embargo, la familia del gendarme desmiente esa acusación y dice que viajaba con fines turísticos para visitar a su mujer y a su hijo, que hacía siete meses estaban en Venezuela.
Recientemente, el fiscal general de Venezuela le dijo a CNN que Gallo está recluido en Caracas, pero no en qué lugar de la capital venezolana se encuentra.
Por este caso, la Casa Rosada ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela y tanto la ministra de Seguridad como el canciller de Argentina han sostenido un duelo de insultos y acusaciones con el fiscal venezolano esta última semana.
Con información de ACN/CNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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