Política
Antejuicio de mérito contra Maduro evalúa la AN
Antejuicio de mérito contra Maduro evalúa la AN: La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) someterá este martes a evaluación el reciente fallo emitido por el denominado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, que recientemente atribuyó “mérito suficiente” para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, por su presunta vinculación en casos de corrupción con Odebrecht. Esto en atención a la formalización de la solicitud para la continuación del juicio penal.
En respaldo, el Bloque Constitucional Venezuela, manifestó a través de un comunicado su apoyo al fallo del TSJ, e instó a la AN a autorizar la querella, al encontrar mérito suficiente, con el fin de permitir la normal continuidad del debido proceso judicial.
Con base a las pruebas anexas a la sentencia, el movimiento que agrupa a diversos juristas venezolanos, entre los que figuran Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Alberto Arteaga, Román Duque Corredor, entre otros, refirió que el fallo podría “de manera justa y transparente determinar la veracidad o no de las graves pruebas” suministradas por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz las cuales “comprometen la honorabilidad del Nicolás Maduro”, pues, presumen un negativo y delictual desempeño de su gestión pública, lo que le atruibuye «merito suficiente» para su enjuiciamiento.
Por otro lado, pero con el mismo orden de ideas, el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVCD), José Vicente Haro, en consulta de El Universal consideró “totalmente factible que la AN permita el normal curso” de la solicitud hecha por el TSJ teniendo en cuenta que para ello se requiere una mayoría absoluta. Es decir, la mitad más uno, “lo que se conoce como mayoría simple de los diputados presentes en la sesión”.
En relación a diferentes pronunciamientos de algunos dirigentes quienes alegan que no procede el juicio debido a que el denominado TSJ en el exilio solo está constituido por 13 magistrados y no por 33; Haro explicó que “si se lee cuidadosamente el fallo del TSJ hay más de 20 firmas de magistrados”.
Argumentó que “por razones de persecución política se vieron forzados a abandonar el país”; y en el exterior esos principales incorporaron de conformidad al reglamento de la instancia a sus suplentes lo que es igual en la totalidad de sus miembros.
“TSJ en el exilio no es legítimo” afirma Del Pino
El constitucionalista y profesor de la UCV Pedro Afonso Del Pino; cree que “ese TSJ en el exilio no es legítimo en ningún punto”. Consideró que el procedimiento que se empleó para nombrar a los magistrados violó la Constitución. No hubo la debida consulta al Poder Ciudadano.
Sin lógica jurídica dice constituyentista
Para el constituyentista Jesús Silva “el juicio contra el presidente no tiene lógica jurídica”; por cuanto según explica “la AN no tiene competencias para enjuiciar al Presidente.
A su juicio “la iniciativa busca convalidar que no tiene existencia en el derecho; porque se trata de un supuesto TSJ que ni siquiera tiene su base en el país” y que según él “fue generado por actos inconstitucionales de la misma Asamblea, lo que demuestra su legalidad”. Para Silva, “el TSJ es un grupo de personas asociadas para delinquir y que usurpan funciones de verdadero ente”.
ACN/diarios
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Política
Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.
El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.
Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.
Rocío San Miguel recibió libertad plena
Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.
Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.
La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.
Años de injusticia
Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.
Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.
Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).
Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.
ACN/MAS/Efecto Cocuyo
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