La Asamblea Nacional, AN aprobó ley que regula ONG. El parlamento, con abrumadora mayoría oficialista, le dio el visto bueno este jueves 15 de agosto en segunda discusión una ley que busca regular las organizaciones no gubernamentales que operan en el país.

Los activistas de derechos humanos consideran que la ley, a la que solo le falta ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor. Es una amenaza al derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública.

Después de más de un año de diferimiento y en medio de las críticas de los adversarios políticos del gobierno y organizaciones locales y extranjeras defensoras de los derechos humanos, los legisladores aprobaron la ley en segunda discusión por unanimidad.

AN aprobó ley que regula ONG

El instrumento legal, que consta de 39 artículos, entrará en vigor luego que sea promulgada por Maduro y sea publicada en la Gaceta Oficial.

La llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobada en primera discusión en enero de 2023. Desde entonces, la propuesta ha generado preocupación entre las ONG locales. Que consideran que, con esta ley, el gobierno de Maduro y sus aliados buscan limitar su operación en el país.

Tendrán que registrarse a un sistema del Gobierno

Las organizaciones no gubernamentales tendrán que registrarse en un sistema nacional que el gobierno pondrá a disposición para tal fin con nuevos requisitos para operar.

“Van a tener que registrarse allí, van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, van a tener que decir cómo gastan los fondos”. Ha dicho en varias ocasiones el legislador Diosdado Cabello -primer vicepresidente del gobernante partido Socialista Unido de Venezuela- quien presentó el proyecto de ley en enero de 2023.

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Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones. Así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».

Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial. Así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».

El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la «disolución de una organización social sin fines de lucro». A la que «deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso».

Las ONG deberán, por ley, notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos». Además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».

Defensa de su autonomía

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció que uno de los artículos más polémicos de la ley sobre el financiamiento de las ONG, establece que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el martes “a las autoridades (venezolanas) a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”.

Mientras tanto, los aliados de Maduro y el partido de gobierno PSUV argumentan que su objetivo es actuar contra instancias que, aseguran, están al servicio de otros países como Estados Unidos.

ACN/MAS/AP/EFE

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