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Magistrados designados por la AN que Chile les otorgó asilo político llegaron a Santiago

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Cuatro de los cinco magistrados venezolanos a los que Chile otorgó asilo político llegaron a Santiago siendo recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores del país austral, Heraldo Muñoz.

Se trata de Beatriz Ruiz Marín, Zuleima Del Valle González, Elenis Rodríguez Martínez y José Fernando Núñez Sifontes, mientras el quinto, Luis Manuel Marcano Salazar, tuvo un problema logístico, por lo que viajará en las próximas horas a Chile, explicó el canciller.

El canciller Muñoz explicó que se les proporcionará un hotel por el tiempo que necesiten, ya que sus cuentas bancarias se encuentran congeladas por el Gobierno venezolano.

El asilo se extenderá por dos años y deberán realizar los trámites para obtener una cédula de identidad para extranjeros.

En nombre de los magistrados habló Elenis Rodríguez, quien señaló: “nos obligaron a abandonar nuestra amada patria de Venezuela, pero hoy otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad, porque ese es el derecho fundamental del hombre, la libertad y la vida”. Aún permanece en la residencia del embajador chileno en Caracas, Pedro Felipe Ramírez, el ciudadano venezolano Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano (COPEI) y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Roberto Enríquez se encuentra en calidad de “huésped” desde el pasado mes de abril. Fuente: EFE

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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