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Deterioro de la justicia venezolana denuncia Episcopado

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Comunicado del Episcopado. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señala en un comunicado que “El país está pasando por una situación muy delicada” frente al deterioro de la justicia,  enmarcada  en “la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento, y al atropello del Estado de Derecho”, citó el documento.

Rechazan la violencia venga de donde venga

La Conferencia Episcopal Venezolana, emitió un comunicado;  en la mañana de este lunes pronunciándose sobre el atentado;  contra el presidente Nicolás Maduro y las recientes detenciones de diputados opositores;  como Juan Requesens, señalado de estar implicado;  y la orden de detención del diputado Julio Borges.

Señala en Episcopado que “El país está pasando por una situación muy delicada;  se quiere instaurar una espiral de violencia y se promueve el resquebrajamiento de la Justicia;  particularmente cuando todo lo que tiene que ver con ella;  se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales;  para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento;  y al atropello del Estado de Derecho”, citó el documento.

“La violencia venga de donde venga;  implementada a personas, instituciones o al pueblo mismo;  debe ser rechazada en todas sus vertientes. Con la paz logramos todo, con la violencia la destrucción”, señalaron.

Los derechos fundamentales “no pueden negarse nunca”

Expresaron que la dignidad y los derechos fundamentales “no pueden negarse nunca”;  y “lamentablemente en el país quienes se sienten con poder;  están usando la única arma de los que no tienen razón: la violencia represiva. Para ejercerla están violando leyes, los articulados de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos”.

“Exhortamos a los organismos de seguridad del Estado, clama el Episcopado;  a cambiar su actitud, entiendan que estamos en momentos de grandes sacrificios y sufrimientos de nuestro pueblo;  de sus propias familias, de sus hijos. No repriman, sino antes bien, acompañen a este pueblo que no tiene otra alternativa;  sino la de buscar ser escuchado en sus necesidades”.

COMUNICADO:

Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante el deterioro de la justicia venezolana.

  1. El País está pasando por una situación muy delicada: se quiere instaurar una espiral de violencia y se promueve el resquebrajamiento de la Justicia, particularmente cuando todo lo que tiene que ver con ella se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales, para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento, y al atropello del Estado de Derecho. Debemos afirmar como pueblo que la violencia venga de donde venga, implementada a personas, instituciones o al pueblo mismo, debe ser rechazada en todas sus vertientes. Con la paz logramos todo, con la violencia la destrucción.
  2. La semana pasada la Comisión de Justicia y Paz de la CEV afirmaba: “las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos con base en indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas o desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los venezolanos”.
  3. Debemos recordar que en un Estado de derecho, quien es privado de su libertad, es titular de derechos referibles a las diferentes esferas (derechos relativos a la integridad física y psicológica, a las relaciones familiares y sociales, a la integridad moral, etc.). Esto excluye desde luego, no sólo todo tipo de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también las condiciones mismas de reclusión en situación de aislamiento, la completa imposibilidad de comunicación y la falta de contactos con otros seres humanos, que las más de las veces provocan graves sufrimientos psíquicos y físicos al privado de libertad. La dignidad de la persona y los derechos fundamentales a ella inherentes no pueden negarse nunca. Ésta es la esencia última de la justicia, que implica fundamentalmente reconocer que toda persona –independientemente de su origen y condición, raza, pensamiento y comportamiento–, por el hecho de ser persona, tiene la misma y fundamental dignidad.
  4. Lamentablemente en el país quienes se sienten con poder están usando la única arma de los que no tienen razón: la violencia represiva. Para ejercerla están violando leyes, los articulados de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos. Perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente, es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación. Pero nada de esto está ocurriendo; por el contrario, se quiere ejercer un control social y se promueve el quiebre de la disidencia.
  5. A pesar de toda esta realidad dolorosa, no podemos sucumbir ni como ciudadanos con derechos ni como sociedad en búsqueda de bienestar. La protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos que les pertenecen al pueblo, son acciones que están avanzando. Para ello debemos seguir fomentando la reconciliación y la paz, la búsqueda de la verdad y un discernimiento espiritual que nos permita saber valorar toda información o hechos que puedan ocurrir en el país; buscar la verdad es tarea de todos.
  6. Exhortamos a los organismos de seguridad del Estado a cambiar su actitud, entiendan que estamos en momentos de grandes sacrificios y sufrimientos de nuestro pueblo, de sus propias familias, de sus hijos. No repriman, sino antes bien, acompañen a este pueblo que no tiene otra alternativa sino la de buscar ser escuchado en sus necesidades.

Que María Santísima, la Virgen reconciliadora y de la paz, cuide de nuestro pueblo.

Caracas, 13 de agosto de 2018

Con nuestra bendición.

+José Luis Azuaje Ayala, Arzobispo de Maracaibo y Presidente de la CEV

+Mario Moronta Rodríguez, Obispo de San Cristóbal y 1° Vicepresidente de la CEV

+Raúl Biord Castillo, Obispo de La Guaira y 2° Vicepresidente de la CEV

+José Trinidad Fernández Angulo, Obispo Auxiliar de Caracas y Secretario General de la CEV

CEV – @CEVmedios – Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante el deterioro de la justicia venezolana http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/313-comunicado-de-la-presidencia-de-la-conferencia-episcopal-venezolana-ante-el-deterioro-de-la-justicia-venezolana … – 9:26 – 13 ago. 2018

ACN/redes/CEV

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Cerca de 70 ataques a libertad de expresión en 2024 y más de 200 en 2023

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68 ataques la libertad de expresión en 2024 - Agencia Carabobeña de Noticias
@espaciopublico
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En Venezuela se registraron 68 ataques a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, según informó este viernes la ONG Espacio Público.

“Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales”. Señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual.

Agregó que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %). Sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.

“Esto da cuenta de una frecuencia importante (…) vinculado justamente a un periodo donde hay unas elecciones presidenciales cerca y las limitaciones son mucho mayores en esos contextos”, señaló.

68 ataques a la libertad de expresión en 2024

Rodríguez añadió que entre enero y abril han documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias.

Esta situación, dijo, tiene un “impacto significativo en la posibilidad de acceder a información de interés público de diverso tipo, donde las fuentes principales de mayor interés, sobre todo en situaciones de crisis, son menos abordadas, por ejemplo, en el caso de las fuentes políticas”.

Detenciones vinculadas

Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.

Rodríguez sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.

“De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue una decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos”, apuntó.

Asimismo, dijo que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.

204 ataques en 2023

Durante 2023 se registraron 204 ataques a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 11 % con respecto a los 226 casos computados en 2022, según el informe anual de la ONG Espacio Público revelado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“Durante 2023, registramos, al menos, 204 casos, lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en 2022″, reza el informe de la organización.

Asimismo, dijo que aunque en 2023 se registró la “menor cantidad de eventos” en la última década, la incidencia “se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013”.

“Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal, respecto al año anterior”, agregó.

Principal violación registrada

Asimismo, la principal violación registrada, prosiguió Espacio Público, fue la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).

La ONG explicó que la intimidación está vinculada a los “impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores”.

Los principales victimarios, según Espacio Público, fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %), desconocidos (6 %).

Por otra parte, la organización registró 28 detenciones, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, lo que representa -dijo- un aumento del 65 % con relación a 2022, cuando documentó 17 detenciones.

“Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas”, señaló.

A juicio de la organización, estas aprehensiones suelen ser una “medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”.

ACN/MAS/EFE

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