La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 avanza en las negociaciones orientadas a la estabilización, la recuperación económica y la transición pacífica del país, con prioridad inmediata en la atención de las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Jorge Millán, integrante de la instancia parlamentaria, señaló que el objetivo central de las mesas de trabajo es garantizar un mecanismo directo y transparente para la entrega de ayuda humanitaria a quienes requieren atención urgente.

«El foco central debe ser la preocupación por atender a las víctimas y asegurar que el dinero de todos los venezolanos llegue al ciudadano para resolver sus problemas urgentes», afirmó Millán. «Se ha logrado la participación del sector privado, específicamente de la banca privada, para generar transparencia, establecer mecanismos de auditoría sobre los recursos y garantizar una atención efectiva y rápida a las personas».

Banca privada como garante de transparencia

Ante la preocupación de que los fondos de asistencia no llegaran a las familias que perdieron sus viviendas, la representación parlamentaria promovió la incorporación del sistema bancario nacional para superar las trabas operativas que habían impedido su integración por parte del gobierno interino.

Con este acuerdo, el programa de atención a las víctimas del terremoto permitirá a la mesa técnica supervisar el flujo de los recursos económicos y facilitar el acceso a viviendas y ayudas de emergencia para los damnificados.

La Comisión Delegada reiteró su compromiso de mantener una comunicación fluida sobre los avances de la negociación, priorizando la respuesta social frente a la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde hace dos meses.

Transformación del Poder Judicial como punto de inicio

El primer ciclo de conversaciones también priorizó la reestructuración del Poder Judicial, considerada esencial para garantizar estabilidad democrática e integridad electoral.

Entre los acuerdos y lineamientos técnicos presentados destacan reformas a las leyes que rigen el sistema judicial, incluyendo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y normas conexas del sistema penal, penitenciario y de seguridad pública.

Asimismo, se acordó iniciar desde cero el proceso de renovación de las 32 magistraturas principales y sus suplencias; reconfigurar el Comité de Postulaciones Judiciales, que contará con 12 representantes de la sociedad civil entre sus 23 integrantes; y crear el Consejo Independiente de Verificación, un mecanismo técnico para evaluar credenciales y el cumplimiento de requisitos constitucionales de los postulados.