La Fundación Wayuu Taya lidera una respuesta humanitaria sin precedentes en La Guaira tras los sismos ocurridos en junio. Con el diseño de un ecosistema de cooperación internacional, la organización distribuye agua potable, alimentos y suministros médicos críticos para atender a miles de personas desplazadas por el colapso de infraestructuras esenciales.

“Nuestra experiencia de veinticuatro años implementando programas de resiliencia en el estado Zulia nos permite actuar hoy con rapidez y precisión en La Guaira. No nos limitamos a entregar ayuda; estamos aplicando tecnología para identificar necesidades específicas en el terreno y optimizar cada insumo recibido”, afirmó Patricia Velásquez, presidenta de la Fundación.

La vocera destacó que el compromiso de la organización es permanente y busca sentar las bases para la reconstrucción social, nutricional y educativa de la región.

La efectividad del despliegue se sustenta en la gestión de recursos enviados por organizaciones globales como CORE, Direct Relief, Good Neighbors International, Food For The Poor, Acceso y World Central Kitchen, además del aporte de la diáspora y ciudadanos dentro del país.

Al respecto, Bladimir Aguilera, director de logística de la Fundación Wayuu Taya, señaló: “Actuamos como el eje operativo en los sectores vulnerables. A través del levantamiento de censos comunitarios digitales, logramos una gestión de recursos eficiente, auditable y blindada contra la duplicación de esfuerzos en los centros de acopio. Esto asegura que las donaciones se distribuyan con criterios estrictamente técnicos”.

La capacidad operativa de Wayuu Taya proviene de dos décadas de trabajo en Zulia, donde programas como Agua para Todos han garantizado nutrición y acceso a agua segura en comunidades vulnerables.

Estos modelos de autonomía local y logística probada se replican ahora en la emergencia de La Guaira.

Finalmente, Velásquez reafirmó que la presencia de la Fundación en el litoral central no será transitoria: “Estamos en la capacidad de coordinar esfuerzos con el sector privado y las autoridades competentes para liderar a mediano plazo la recuperación de los servicios básicos y la infraestructura educativa, devolviendo la dignidad a las comunidades afectadas”.