Tras los recientes acontecimientos registrados al sur del país, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, fijó una postura institucional centrada en la vulnerabilidad histórica de los municipios mineros, los cuales —asegura— se han convertido en las principales víctimas de un modelo de desarrollo que fracasó estructuralmente.

El mandatario local alertó sobre el riesgo inminente de una crisis humanitaria mayor, debido a los desplazamientos de población generados por los operativos militares a gran escala que han incrementado la incertidumbre y el temor en la zona.

Según una nota del medio Correo del Caroní, Lugo explicó que El Callao ya ha experimentado un impacto demográfico desproporcionado, pasando de 30 mil a más de 100 mil habitantes en los últimos años, lo que ha agravado de forma crítica la situación de los servicios públicos.

“Mi preocupación principal como alcalde es el resguardo de nuestra gente y la capacidad de respuesta del municipio».

«Si a raíz de esta situación delictiva y los movimientos en las zonas mineras se desplazan 5 o 10 mil personas más hacia el casco urbano de El Callao, nos enfrentaremos a un colapso total. Hoy tenemos los servicios en el suelo: sufrimos la peor crisis de electricidad, graves deficiencias de agua potable, vialidad destruida y un hospital sin ambulancias porque el Gobierno nacional no ha desarrollado un plan real de inversión en servicios públicos para nosotros”, advirtió.

El fracaso del Arco Minero y la defensa del minero honesto

El alcalde fue enfático al señalar que el diseño del Arco Minero del Orinoco no trajo el progreso prometido, sino destrucción ambiental, ecocidio y abandono comunitario.

Sin embargo, aclaró que la solución no es criminalizar la actividad minera, sino transformarla desde sus bases.

“Nuestra cultura, nuestra historia y nuestra economía dependen de la minería. Aquí vamos a vivir de la minería, pero de una minería digna».

«El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar orientación, organización, financiamiento y zonas seguras y aptas para trabajar. Hay que empezar a humanizar la minería en el sur de Bolívar”, afirmó.

Asimismo, hizo una defensa pública del trabajador minero:

“El gobierno debe proteger el derecho a la vida del minero. No todos los mineros son delincuentes; la inmensa mayoría son padres de familia honestos que buscan el sustento diario y que han emigrado de toda Venezuela inspirados en el mito de El Dorado”, destacó.

El burgomaestre hizo un llamado formal y urgente al Ejecutivo nacional para que asuma la responsabilidad de ordenar la actividad minera en el estado Bolívar, priorizando el bienestar de las comunidades locales por encima de la extracción de recursos.

Lugo insistió en que la seguridad ciudadana debe ir acompañada de inversión social, dotación hospitalaria y mejora de los servicios básicos, a fin de evitar que el sur del país continúe sumido en una crisis de gobernabilidad y abandono.

Crédito de la información y foto Correo del Caroní

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