Internacional
Alcaldesa interina de Hialeah bajo investigación por reformas ilegales en su casa
La alcaldesa interina de Hialeah, Jacqueline García-Roves, enfrenta una multa por presuntas remodelaciones sin autorización en su vivienda, según confirmó el Departamento de Cumplimiento de Códigos de la ciudad.
La sanción se produce en medio del ambiente electoral previo a los comicios del 4 de noviembre, en los que García-Roves busca retener el cargo que asumió en abril tras la renuncia de Esteban Bovo.
La funcionaria niega haber sido notificada oficialmente de alguna infracción y asegura que “se comporta como cualquier residente”, dejando que las autoridades municipales actúen sin interferencias.
Durante la sesión del Concejo del 14 de octubre, la ciudadana Juana Guerra tomó la palabra para acusar públicamente a García-Roves de haber realizado adiciones en su vivienda sin permisos.
“Usted no tiene cultura ni experiencia. Me dijeron que no terminó la secundaria. Nunca ha trabajado y aceptó un puesto para el que no está calificada… Usted tiene que pagar primero lo que le debe a la ciudad, antes de hacer campaña”, expresó Guerra.
El concejal Carl Zogby respaldó la denuncia y solicitó una investigación formal.
“Nadie está por encima de la ley. Si la alcaldesa ha hecho construcciones sin permiso, el Departamento de Códigos tiene la obligación de investigarlo. Es una vergüenza que quien debe dar el ejemplo esté bajo sospecha”, declaró.
Según documentos públicos obtenidos por DIARIO LAS AMERICAS, el 7 de octubre de 2025, un ciudadano identificado como Ernesto Martín denunció por correo electrónico presuntas reformas ilegales en la propiedad de García-Roves.
La vivienda, registrada con 935 pies cuadrados, tres habitaciones y un baño, habría sido ampliada hasta duplicar su tamaño mediante adiciones traseras, cercas, columnas decorativas y un nuevo techo, sin los permisos correspondientes.
La denuncia incluyó fotografías y comparaciones satelitales, además de señalar una posible subdeclaración fiscal, ya que el área construida no coincidiría con la registrada oficialmente, lo que implicaría un pago de impuestos inferior al debido.
El 16 de octubre, la ciudad abrió el expediente BWOP-004591-2025 bajo la categoría “Building Without a Permit”. El inspector Onasis O. Sánchez determinó una violación al Florida Building Code, sección 105.1, que exige permisos previos para cualquier modificación estructural. El informe describe los trabajos como “Addition, Awning, Re-roof, Fence/Columns” y establece una multa de 250 dólares, además de la obligación de legalizar las obras o retirarlas antes del 26 de enero de 2026.
Las imágenes tomadas durante la inspección muestran columnas revestidas en piedra, portones metálicos blancos, un nuevo techo y un toldo sobre el área de estacionamiento. El expediente figura con estatus “In Violation” y, hasta la fecha, no se ha registrado el pago de la multa ni el trámite de permisos “after the fact”.
García-Roves, quien asumió el cargo tras la salida de Bovo para desempeñarse como lobista en Washington, ha intentado proyectar una imagen de transparencia institucional.
Sin embargo, la denuncia y el expediente abierto coinciden con el tramo final de su campaña, lo que añade un componente político al caso.
“Todo esto surge porque estamos en tiempo de campaña”, declaró la alcaldesa en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMERICAS.
“No me creo por encima de la ley. He dejado que el Departamento de Código haga su trabajo, como lo hace con cualquier residente”.
La funcionaria afirmó que no ha recibido notificación oficial de la infracción y que, de confirmarse, asumirá la responsabilidad. “Cuando llegue, actuaré como cualquier ciudadano. Yo no he interferido con el proceso ni he pedido trato especial”, concluyó.
Lee la nota completa en Diario Las Américas Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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