Internacional
Trump podrá poner fin a TPS para venezolanos según fallo de Corte Suprema de EEUU
El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a cientos de miles de venezolanos de la deportación fue impugnada por siete ciudadanos venezolanos amparados por el TPS y un grupo que representa a otros, argumentando en parte que la decisión estaba motivada por la hostilidad racial y política.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que expresó su desacuerdo. Tiempo atrás, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS para los inmigrantes venezolanos, con lo que más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos perderán esa protección la próxima semana. Otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 perderán su estatus en septiembre.
Una cuestión central en el proceso era si Noem tenía autoridad para eliminar el TPS antes de que expirara.
La administración de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más. El fallo del lunes se aplica a la designación de 2023.
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Trump podrá poner fin al TPS para venezolanos
Los demandantes, inmigrantes venezolanos amparados por el TPS, alegaron que la brusca revocación de las protecciones por parte de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos a las agencias federales a la hora de aplicar cambios de políticas. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.
Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, impidiendo la retirada de las protecciones a más de 300.000 venezolanos que iban a perderlas a principios de abril.
El juez de distrito estadounidense Edward Chen, nominado para el cargo por el expresidente Barack Obama, describió Venezuela como “un país tan plagado de agitación y peligros económicos y políticos que el Departamento de Estado” ha advertido contra los viajes allí “debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructuras sanitarias deficientes”.
El Congreso creó el programa del TPS en 1990, permitiendo al gobierno federal proporcionar protección temporal a los migrantes de países que soportan desastres naturales, guerras y otras condiciones que harían peligroso el regreso de las personas.
Al final de la primera administración de Trump, los funcionarios describieron a Venezuela como “l peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental” y concedieron una forma diferente de alivio temporal a algunos de sus migrantes.
ACN/MAS/CNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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