Internacional
Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema revocar el TPS para venezolanos
El Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema revocar el TPS para venezolanos que los protege de la deportación.
La importante apelación podría tener graves consecuencias para los venezolanos migrantes, cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) expiraba en abril. Esto, según una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La cuestión es si la Administración republicana puede derogar una decisión tomada al final del mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025). La misma amplió las protecciones para unos 350 mil venezolanos en virtud del programa federal.
Antes de que terminara su mandato, el Gobierno de Biden extendió esos plazos hasta octubre de 2026, pero la secretaria del DHS, Kristi Noem, revocó tal política. Ello dio lugar a una demanda presentada por grupos de inmigrantes venezolanos en un tribunal federal de San Francisco impugnando su decisión.
Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema revocar el TPS para venezolanos
En su petición en la que el Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema revocar el TPS para venezolanos, argumenta que el tribunal no tiene autoridad para revisar lo dispuesto por Noem. La decisión de la funcionaria llevó a revocar las protecciones del TPS para los venezolanos.-
“La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo. Retrasa indefinidamente decisiones políticas delicadas en un área de la política migratoria. Mismas que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional”. Así lo escribió el Procurador General John Sauer en la petición de 41 páginas ante la Corte Suprema.
La petición fue motivada por un fallo de un tribunal federal de apelaciones en abril que confirmó la decisión del juez federal de bloquear la revocación de Noem. Medida que despojaba las protecciones de deportación para los venezolanos en Estados Unidos.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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