Internacional
Juez designado por Trump, refuta uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos
Un juez del Distrito Sur de Texas, determinó mal uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, por parte de Donald Trump, para deportar venezolanos, bajo la presunción de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua.
El fallo del magistrado Fernando Rodriguez, Jr, que es el primer juez de distrito en tomar una decisión final, no previene que el Gobierno use la Ley de Inmigración y Nacionalidad para hacerlo.
Rodriguez, Jr., quien fue designado por Trump, escribió que no cuestiona la autoridad del Poder Ejecutivo para ordenar la detención y deportación de extranjeros que estén involucrados en actividades criminales. Pero indicó que el uso del término “invasión” no coincide con el uso histórico para referirse a actividades militares o bélicas.
«Excede el alcance de la ley»
El magistrado determinó que, en cuanto a esa norma específica, su uso excede el alcance de la ley. Además dijo «es contraria al significado llano y ordinario de los términos” de la legislación. En este sentido argumentó que el Poder Ejecutivo no puede basarse en ella para la detención, traslado y deportación de los venezolanos que presume son miembros de la pandilla.
La corte encontró que una “invasión” o “incursión predatoria” debe ser “una fuerza armada organizada y armada». Que destruyen la propiedad y acaba vidas humanas. Pero que “dicha acción no tiene que ser precursora de una guerra real”.
Tras invocar la norma por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la Administración Trump deportó a cientos de personas. Esto luego de que Trump calificara al Tren de Aragua de fuerza invasora.
El uso de la ley de guerra del siglo XVIII se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite deportar a las personas que no son ciudadanas sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o de una corte federal.
Con información de: Telemundo
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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