Nacional
Sebin continúa con allanamientos en propiedades de magistrados del TSJ en el exilio
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); al parecer no cesa con los procesos de allanamiento; en propiedades de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.
Y es que de nuevo este lunes; en procedimientos simultáneos ejecutados a nivel nacional; efectivos de ese organismo realizaron una serie de allanamientos y detenciones.
En Valencia, estado Carabobo, el Sebin en presencia de un fiscal del Ministerio Público, allanó la residencia de Antonio Marval, situada en la urbanización El Bosque, al norte de la ciudad.
Este procedimiento se ejecutó luego que se librara una orden de allanamiento 02018 con fecha 04 de mayo; desde el juzgado 27 de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas; a cargo de la Dra. Zulay Salazar González.
Por otra parte, en Barquisimeto, estado Lara, fue allanada la residencia de un familiar del magistrado Ramón Pérez Linares. En este procedimiento la esposa de Linares, Sra. Yasneth Lorenzo, habría sido detenida.
También en Barquisimeto el Sebin llegó a la casa de la madre del magistrado Pedro Troconis, en la urbanización Jacinto Lara.
Mientras que en Caracas, en el edificio Queipa de Las Mercedes, los efectivos de inteligencia irrumpieron en la residencia del magistrado Álvaro Marín.
Tras conocerse sobre estos nuevos allanamientos la información se difundió rápidamente en Twitter y los mensajes de apoyo a los magistrados no se hicieron esperar.
Primeros allanamientos
Como se recordará, el pasado 30 de abril también se realizaron allanamientos en propiedades de Antonio Marval, Miguel A. Martin, Pedro Troconis y Elenis Rodríguez. En este caso la orden para el procedimiento también fue librada desde el Juzgado 27 de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal.
Esté #7may funcionarios del Sebin allanan vivienda do magistrado Tony Marval en Valencia. El procedimiento se lleva a cabo en presencia de un fiscal del MP pic.twitter.com/Xabop8PBnO
— Leomara Cardenas (@leomaracardenas) May 7, 2018
Después de allanar de nuevo la casa de Ramón Pérez Linarez el SEBIN se lleva presa a su esposa en estos momentos… cobardía castromadurista en acción…utilizan a las familias como rehenes
— Orlando Fernandez Medina (@orfanfayana) May 7, 2018
Rechazamos la detención de la esposa del Magistrado del @TSJ_Legitimo Ramón Perez Linárez, Sra. Yasneth Lorenzo, por parte de funcionarios del Sebin, quienes mantienen desde hace días acosadas a las familias de quienes trabajan por la Libertad.
— VenteLara (@VenteLara1) May 7, 2018
#7May Arrecian contra quienes han ejercido su trabajo por la restitución del hilo constitucional. Funcionarios del Sebin, irrumpen en la casa de la mamá del magistrado del @TSJ_Legitimo @pedrotroconis en #Barquisimeto pic.twitter.com/nr06pkhNbC – @YorviGarciaRL
— Reporte Ya (@ReporteYa) May 7, 2018
URGENTE / AHORA – Funcionarios del SEBIN irrumpen en el Edificio Queipa de Las Mercedes para allanar la residencia del magistrado del TSJ en el exilio Álvaro Marín. Funcionarios estarían localizando un cerrajero para ingresar a la vivienda, de lo contrario, derribarían la puerta.
— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) April 30, 2018
Agencia Carabobeña de Noticias
Nacional
Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)
El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.
“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.
En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.
González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
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El Informe Anual de Provea
Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).
Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.
“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.
Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.
ACN/MAS/EFE
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