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Sebin continúa con allanamientos en propiedades de magistrados del TSJ en el exilio

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El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); al parecer no cesa con los procesos de allanamiento; en propiedades de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

Y es que de nuevo este lunes; en procedimientos simultáneos ejecutados a nivel nacional; efectivos de ese organismo realizaron una serie de allanamientos y detenciones.

En Valencia, estado Carabobo, el Sebin  en presencia de un fiscal del Ministerio Público, allanó la residencia de Antonio Marval, situada en la urbanización El Bosque, al norte de la ciudad.

Este procedimiento se ejecutó luego que se librara una orden de allanamiento 02018 con fecha 04 de mayo; desde el juzgado 27 de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas; a cargo de la Dra. Zulay Salazar González.

Por otra parte, en Barquisimeto, estado Lara, fue allanada la residencia de un familiar del magistrado Ramón Pérez Linares. En este procedimiento la esposa de Linares, Sra. Yasneth Lorenzo, habría sido detenida.

También en Barquisimeto el Sebin llegó a la casa de la madre del magistrado Pedro Troconis, en la urbanización Jacinto Lara.

Mientras que en Caracas, en el edificio Queipa de Las Mercedes, los efectivos de inteligencia irrumpieron en la residencia del magistrado Álvaro Marín.

Tras conocerse sobre estos nuevos allanamientos la información se difundió rápidamente en Twitter y los mensajes de apoyo a los magistrados no se hicieron esperar.

Primeros allanamientos

Como se recordará, el pasado 30 de abril también se realizaron allanamientos en propiedades de Antonio Marval, Miguel A. Martin, Pedro Troconis y Elenis Rodríguez. En este caso la orden para el procedimiento  también fue librada desde el Juzgado 27 de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal.

 

 

 

Agencia Carabobeña de Noticias

Nacional

OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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