Abarrotado por venezolanos amaneció el consulado de chile en Caracas que buscan una visa especial para radicarse en ese país, exigencia que perciben como otra traba a la posibilidad de escapar de la crisis económica.

Una cinta amarilla con la frase “peligro no pase” separaba a los interesados de la puerta del edificio, abarrotado de venezolanos,  donde funciona la sede diplomática; a la que no se les permitía ingresar.

A un costado fue puesta una pizarra con los pasos para obtener el documento, frente al abarrotado frente; en el cual forcejaron unas 400 personas que intentaban informarse.

“No empujen, todos somos venezolanos”, gritó alguien en medio de un abarrotado lobby con una aglomeración controlada por una docena de policías. A media tarde la página de Facebook del consulado informaba que estaba cerrado; pero una fuente de la cancillería chilena aseguró a AFP que hubo atención al público.

El requisito fue impuesto por el presidente chileno, Sebastián Piñera, el 8 de abril para “poner orden” a la creciente migración venezolana. Pero sus alcances no están claros para Leipzig Mijares; administrador con varios posgrados que llevaba año y medio preparando su partida.

“Quienes tenemos pasajes a Chile para esta semana estamos en un limbo”, dijo angustiado Mijares, de 44 años, a AFP. La fuente de la cancillería sostuvo que este lunes fue entregada la primera visa de “responsabilidad democrática” en el consulado de Puerto Ordaz (sur), aunque Mijares declaró más tarde que según sus averiguaciones el trámite en Caracas durará unos 20 días hábiles. “Sabemos que venía una ley migratoria porque en Chile la migración ha sido desordenada, pero no nos da tiempo de tramitarla antes del viaje”, añadió el hombre, que tiene boletos para viajar el viernes junto con su primo Jesús Mijares. – Diáspora sin freno – La pizarra los remitía a la web de la cancillería chilena y a sus redes sociales, pues la solicitud se realiza en línea.

Imágenes que circularon en redes sociales también mostraron a gente haciendo fila frente al consulado en Puerto Ordaz. En la página del ministerio de Relaciones Exteriores se aclara que el visado es para quienes deseen residir en Chile; quedando exentos los venezolanos que quieran ingresar por turismo.

Con una hiperinflación que treparía a 13,000% este año según el FMI y escasez de alimentos y medicinas, miles han optado por irse. Tomás Páez, sociólogo experto en migración; aseguró a la AFP que entre 400,000 y 500,000 venezolanos salieron en los dos últimos años.

El flujo hacia el país austral es creciente. De 8,001 migrantes en 2014 se pasó a 84,586 en 2017, según el ministerio de Interior chileno. La diáspora podría seguir creciendo, pues 34,7% de los cerca de 30 millones de venezolanos considera irse; de acuerdo con la encuestadora Datanálisis.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconoció en febrero que en Venezuela “hay una migración” forzada; pero la atribuyó a una “guerra económica” para derrocarlo. La visa anunciada por Piñera frente a la “crisis democrática” venezolana tendrá vigencia de un año, prorrogable por una vez, y posibilitará luego pedir la residencia definitiva.

Esta exigencia -que se suma al visado impuesto por Panamá en octubre pasado; se acompaña de un endurecimiento del discurso de Piñera contra Maduro.

El mandatario anunció el pasado viernes en Lima, durante la Cumbre de las Américas; que Chile no reconocerá las elecciones anticipadas del 20 de mayo; en las que Maduro buscará la reelección, porque en el país petrolero “no hay democracia”. – “Estamos siendo excluidos” – Jesús Mijares, quien vendió su carro y varios electrodomésticos para costear el pasaje a Santiago -cada vez más caro y escaso-, cree que el visado es una traba más para quienes como él ya tenían los documentos exigidos por Chile. “Ahora con esta visa no sabemos si vamos a viajar porque no queremos entrar al país de forma ilegal”, dijo, al remarcar su urgencia por emigrar: “tengo dos hijas y no puedo comprarles ni un helado”.

La legislación actual -cuya reforma anunció Piñera- permitía a quienes ingresaran como turistas pedir residencia temporal o definitiva. Para Johana Carrillo, de 38 años; y su esposo Eduardo Faría, de 36, quedarse en Venezuela no es una opción. Ambos son empleados públicos y apenas ganan para “medio comer”, dicen. “Tenemos dos niñas de tres y cinco años.

La mayor tiene una afección renal. Aquí no podemos tratarla, no hay medicamentos”, asegura Carrillo. “Lo que arranca como una medida de apoyo termina siendo algo complejo. No están siendo solidarios, estamos siendo excluidos”, se quejó Leipzig.

ACN/elnuevoherald/AFP

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