Internacional
«Castigo colectivo» de Israel a Gaza es «un crimen de guerra», denunció AI
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves 12 de octubre que el «castigo colectivo» de Israel a Gaza, es «un crimen de guerra».
«El castigo colectivo de la población civil de Gaza equivale a un crimen de guerra: es cruel e inhumano», dijo en un comunicado la secretaria general de la organización, Agnès Callamard.
Recordó que, «como potencia ocupante, Israel tiene la clara obligación, según el derecho internacional, de garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil de Gaza», que Israel está bombardeando sin descanso en represalia por el ataque sorpresa de Hamás el pasado sábado.
AI denunció que las autoridades israelíes han impuesto un bloqueo y han cortado el suministro de agua, electricidad y combustible, algo que sumado a la campaña de bombardeos puede exacerbar la catástrofe humanitaria.
«Castigo colectivo» de Israel a Gaza, es «un crimen de guerra»
«El cierre de la única central eléctrica de Gaza exacerbará una crisis humanitaria ya desesperada para más de 2,2 millones de personas atrapadas en la Franja de Gaza, en medio de una campaña de bombardeos masivos de Israel», lamentó la organización.
Por esta razón, pidió a las autoridades israelíes el restablecimiento «inmediato» de suministro eléctrico de Gaza, además de la suspensión de la decisión de cortar el suministro eléctrico, de agua, combustible y alimentos al enclave palestino, que ya estaba sujeto a «un bloqueo ilegal» desde hace 16 años.
«Los cortes de energía tendrán un impacto severo en los servicios esenciales, el acceso al agua potable y causarán un desastre de salud pública que dejará a los ya agotados hospitales de Gaza sin equipo médico vital en un momento en que los médicos luchan por tratar a miles de heridos graves en los ataques israelíes», apuntó AI.

«Palestinos civiles no son responsables»
Asimismo, lamentó que las autoridades israelíes hayan amenazado con no restablecer el suministro eléctrico ni permitir la entrada de agua y combustible hasta que Hamás libere a los rehenes, que se calcula que son más de cien de varias nacionalidades.
«Amnistía reitera que los civiles palestinos no son responsables de los crímenes de Hamás ni de otros grupos armados palestinos e Israel no debe, según el derecho internacional, hacerlos sufrir por actos en los que no desempeñan ningún papel y que no pueden controlar», denunció AI.
La organización también manifestó su preocupación por «los repetidos ataques contra el paso fronterizo de Rafah», que conecta Gaza con el Sinaí egipcio y es el único cruce fronterizo del enclave que no está controlado por Israel.
Pidió facilitar corredores humanitarios
Además, pidió a las autoridades israelíes que faciliten corredores humanitarios para la entrega de ayuda a Gaza -que hasta el momento solo ha entrado a través de Rafah- y para permitir la salida de los civiles que requieran asistencia médica.
El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza alcanza los 1.417, con unos 6.268 heridos, mientras que el saldo de víctimas en el lado israelí causado por el ataque de la organización islamista Hamás el sábado pasado se mantiene de momento en torno a 1.300.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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